H.MATAMOROS, TAMPS., 05 de Enero de 2025
19/11/18.- México tiene una serie de asignaturas pendientes sobre la desaparición de personas que preocupan a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que implican rezagos, impunidad y altos índices de violencia que se reflejan en un foco rojo: las fosas clandestinas que se extienden por el país.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas publicó este lunes los hallazgos sobre Japón, Portugal y México, donde las observaciones destacan la emergencia que significa el alto número de cadáveres que se encuentran a lo largo del territorio nacional y que duran años sin identificación.
Los hallazgos contienen algunos aspectos positivos en cómo los respectivos Estados están implementando la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, subrayando asuntos de preocupación, por lo que contienen recomendaciones.
Sin embargo, en el caso de México, si bien la ONU reconoce el diálogo, seguimiento de las recomendaciones y ciertos progresos legislativos, el Comité de la ONU rechaza que persisten las condiciones de las desapariciones forzadas, la impunidad en el país y la emergencia nacional por los miles de cuerpos sin identificar en las fosas clandestinas sin que el Gobierno federal, ni mucho menos estatales o municipales estén preparados para su adecuado manejo.
“El Comité observa con preocupación patrones de falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio. El Comité también observa variados obstáculos para la implementación de la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación, y la existencia de obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Finalmente, el Comité observa la falta de avances efectivos en la plena implementación de las recomendaciones formuladas en sus observaciones finales (CED/C/MEX/CO/1)”, señala el organismo.
Además, insta al Estado Mexicano a implementar en todos los niveles la Ley General sobre Desaparición Forzada mediante un proceso abierto y participativo que incluya a las víctimas y a sus organizaciones, así como evaluar de manera permanente y transparente y con base en indicadores confiables, el grado de implementación de la Ley General, tanto a nivel nacional como estatal; establecer un mecanismo de coordinación para la implementación de la Ley General, liderado por la Secretaría de Gobernación (Segob), y que articule todos los niveles del Estado.
Agencias
