ORBE

Ma. Teresa Medina

21/10/16

La raíz del mal

No es obsesión tocar tantas veces el tema del envilecimiento político desde distintos ángulos y enfoques.
Es, en todo caso, un reclamo de la conciencia, pues sólo falta nos azote la apocalíptica tormenta solar (advertida por Barack Obama) para recuperar el fervor por la paz y el respeto a la vida… aunque en el otro mundo.
Pero eso poco o nada importa que yo lo diga aquí, si la primera autoridad de la nación, Enrique Peña Nieto, tampoco concede la menor importancia al poeta Javier Sicilia cuando le reclama que “en su actuar como representante del Ejecutivo, tiene sumido al país en un horror más profundo que el que heredó de la administración pasada”.
En descargo de una sociedad no muy dada a la protesta pública, por temor o desinterés, a pesar de que se la esté llevando el diablo por la epidemia de inseguridad, pudiera ser reconfortante que el infierno, y no el purgatorio, también lo estén viviendo muchos “políticos”.
Pues a pesar de que estos y sus cientos de achichincles ya no hallen donde esconder tanto dinero robado o lavado (¡luego los gobiernos se quejan de la falta de recursos!), la angustia de ser denunciados y encarcelados domina todos los niveles de la esfera pública.
La paranoia, provocada por sus fechorías, no les da oportunidad de reposar y menos de disfrutar junto a sus familias las fortunas amasadas en los cargos públicos que desempeñaron malignamente.
No sólo se dieron cuenta de que el crimen no paga, sino que tardíamente descubrieron que su amor al dinero, según sentencia San Pablo, fue la raíz de todos sus males, “y fueron traspasados de muchos dolores”.
MARCADOS DE POR VIDA
Ex gobernadores como Javier Duarte y Guillermo Padrés quizá no estén tan arrepentidos, pero son humanos, y a estas alturas, perseguidos y temerosos de ser exhibidos y confinados en prisión después de haber ejercido grandes poderes, aún no llegan a la convicción de que el pueblo es mucho más feliz que ellos y que la libertad es invaluable.
Como ahora se lamentan Mario Villanueva Madrid, preso en Estados Unidos desde hace 15 años, y Andrés Granier también encarcelado, ambos ex mandatarios de Quintana Roo y Tabasco.
Pasando por esa misma vergüenza pública Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes, y Jesús Reyna García, ex mandatario interino de Michoacán.
Otros que aparentemente eludieron el encierro, pero no el desprestigio que como apestados cargarán por el resto de sus vidas son Humberto Moreira, Fidel Herrera Beltrán, Rodrigo Medina de la Cruz y quizá, por el proceso que la PGR le tiene pendiente, el chihuahuense César Duarte Jáquez.
Dos ex jefes de gobierno de la Ciudad de México, Óscar Espinosa Villarreal y Marcelo Ebrard Casaubón, tendrán que soportar de la misma forma el baldón de la deshonra, igual que el tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba, que tiene vigente una orden de aprehensión desde hace varios años.
Ha sido tanta la inmoralidad de los políticos mexicanos, que los llamados pactos implícitos con el máximo poder político de este país, concediéndoles impunidad, desaparecieron frente a la inmensa presión social.
Los políticos antes mencionados, en su conjunto, han sido o son investigados por peculado (el delito de mayor incidencia), igual por lavado de dinero, asociación delictuosa y extorsión.
Quedando bajo la lupa de la investigación penal el actual gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Terminan además registrados en esta deplorable historia de corrupción de los últimos quince años dos gobernadores perredistas, Pablo Salazar Mendiguchía de Chiapas, y Narciso Agúndez Montaño que gobernó Baja California Sur, y cuyos dos hijos enfrentaron acusaciones de homicidio y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
En suma, todo esto es un contrasentido que deforma la naturaleza del poder político y muta a un espacio absoluto de corrupción, causante de una de las más grandes furias sociales de la historia de México. La creencia en los políticos se destruyó, y ostentarse así es casi sinónimo de ladrón o asesino.

LA UAT Y EL ESTADO DE DERECHO
Al descartar el rector Enrique Etienne Pérez del Río que en la UAT se permita llevar a cabo la “operación mochila”, que podría ser observada por los propios alumnos como una violación a sus derechos humanos, algunos se preguntan si tales revisiones específicas, de insistirse, deban justamente generalizarse o detenerse a efecto de no transgredir el Estado de derecho y su principio de legalidad que protege la dignidad humana.
¡Feliz fin de semana!