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ORBE
Ma. Teresa Medina
14/10/16
Tardanza para esclarecer peculados
Ya antes lo hemos comentado aquí: Las deudas públicas suscritas por los gobiernos federal, estatales y municipales no deberían ser vistas como cargas catastróficas para la sociedad.
Tampoco ser condenadas por intereses políticos y mediáticos de los nuevos gobiernos, habida cuenta que las imperiosas necesidades sociales dieron pie a sus contrataciones en términos legales.
De hecho, esas transacciones son tan normales que en cualquier balance financiero, más en estos tiempos, aparecen entre los conceptos que registran las obligaciones exigibles.
El crédito, empréstito o apalancamiento financiero o como se le llame en el argot utilizado por quienes se dedican a la venta de dinero, no significa un compromiso negativo si se toman en cuenta las condiciones en que fue solicitado y otorgado.
Incluso puede verse -más o menos- como un costo de oportunidad. Esto es, recursos que resuelven carencias temporales de liquidez para enfrentar prioridades que redundarán en mejores beneficios para la sociedad, cuyos montos o suerte principal exigen a cambio el pago de intereses a la entidad acreedora que lo concede.
En otras palabras, contraer una deuda no es sinónimo de infortunio, pues el crédito, visto desde la óptica social, es una operación financiera cuyo soporte principal es la confianza de la institución bancaria hacia la persona física o moral que lo recibe, y que obviamente reúne las garantías suficientes para liquidarlo en el plazo de tiempo contratado.
El problema actual de las deudas públicas es, en todo caso, la opacidad en las que fueron ejercidas al extremo de situaciones tan críticas como las que están obligando al vituperado gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a solicitar licencia a su cargo para enfrentar acusaciones de malversación de recursos del estado por el orden de 35 mil millones de pesos.
Igual circunstancia le sucede a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, y al actual mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, a quienes se les demandan explicaciones sobre los manejos turbios de recursos estatales, federales y crediticios, convirtiéndolos en personajes bajo sospecha.
Claro que estos se defienden de las serias imputaciones, y no sólo alegan ser inocentes de haber cometido semejantes delitos, sino que se dicen víctimas del llamado “fuego amigo”, producto de un sistema político cuyo juego de intereses malignos suele elevarlos y después arrojarlos al foso de los leones, tranquilizando la protesta ciudadana.
Quejándose también de que no son los únicos gobernadores que tuvieron que echar mano de deudas bancarias y de recursos federales etiquetados e indebidamente destinados a otros fines.
Imputándoseles asimismo la creación de empresas fantasmas para justificar saqueos al erario.
Lo inexplicable, aunque se traten de cifras astronómicas de dinero que sólo pueden ser auditadas, interpretadas y dictaminadas por experimentados contadores públicos, es la tardanza (preocupante y sospechosa) con la que se esclarecerían los presuntos movimientos ilegales, revuelta con presiones políticas, mediáticas y hasta estratagemas legales capaces de derrumbar argumentos y pruebas documentales que demuestren la comisión de graves delitos penales.
Otro de los grandes y sólidos argumentos de quienes gobiernan las entidades federativas, radica en que las deudas adquiridas y su aplicación incorrecta, sumando los recursos públicos etiquetados, son operaciones que sin remedio tenían que llevarse a cabo a efecto de enfrentar la recesión que sufre el país, evitando empeorar los daños y la crítica situación general que vive la población.
Sin considerar además la presión de la supermafia extranjera neoliberal y sus “calificadoras” a las que nuestros gobiernos rinden adoración a costa del empobrecimiento del pueblo.
Transformándose finalmente estos actos de corrupción en controversias políticas que matizan todo al paso del tiempo, aunque la memoria colectiva ya se ha recuperado apartando de su acervo el olvido social que perdonaba infinidad de ofensas.
Pluralidad política
Uno de los grandes anhelos de la ciudadanía en el PAN que gobierna desde el ejecutivo estatal tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y Carlos García González representando la mayoría en el Congreso Local, es la pluralidad. Un tema que abarca designaciones de funcionarios de distintos sectores políticos y sociales. Veremos con el tiempo si este esperado equilibrio fortalece la representación de todas las corrientes sin la hegemonía que colapsó la convivencia social.
¡Feliz fin de semana!
