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ORBE
Ma. Teresa Medina
26/06/17
Peña Nieto iría irremediablemente a prisión
La cuota de justicia que el Gobierno de México tiene que pagar a la comunidad internacional, y principalmente a su propio pueblo, cada vez se torna más elevada y urgente.
Más tiempo no puede transcurrir a fin de que el poder detenga (a la de ya) la situación inhumana que desgarra a la sociedad mexicana, transformándola en una masa incivilizada.
Y si de corrupción, violencia e impunidad generalizadas se trata, cierto es que ya son varios los ex gobernadores encarcelados como en proceso judicial de serlo.
También lo es que estos llamados “virreyes”, caciques o señores de horca y cuchillo modernos no son precisamente el origen de la catástrofe que sufre el país.
La realidad es que desde hace varios sexenios, quizá entre Ernesto Zedillo y Vicente Fox, esta nación de pronto se vio sin cabeza y sin un líder capaz de procurar justicia, ocupados en la realización de los grandes negocios que les redituaron para sus familias y allegados cualquier cantidad de recursos que les ha permitido desplazarse por las grandes avenidas del sistema y continuar disputándose el poder político.
Si diversas naciones latinoamericanas ya dieron el primer paso al encarcelar o por lo menos destituir a los titulares de sus poderes ejecutivos, ¿seguirá siendo México la excepción nefasta donde sus presidentes concluyen sus gobiernos y campantemente se escabullen sin rendirle cuentas a nadie?
Y mire usted que hablamos de la peor violencia, terror y odio de la historia moderna, de miles y miles de muertos y desaparecidos, de éxodos forzados por el pavor, de peculados y a lo menos prevaricaciones con informes oficiales que hasta ahora reconocen lo que ocurre, pero que poco o nada hacen para resolver un fenómeno tan siniestro, salvo simulacros que les permiten a los medios vender una especie de realidades virtuales y a la ciudadanía tener emociones efímeras.
En suma: la época en que el inquilino de Los Pinos era casi visto como un santo varón -después “secuestrado” por el poder de los malosos gobernadores que, según la Federación, son realmente la nueva mafia que tiene al país en un puño- ha concluido.
Si Guatemala llevó a la cárcel a su ex presidente Otto Pérez Molina y lo mismo a su vicepresidenta; si el Congreso de Brasil destituyó a Dilma Rousseff e investiga a su antecesor Luis Ignacio Lula da Silva e incluso a Michel Temer, su actual presidente, por escándalos de corrupción; si Perú tiene en prisión a Alberto Fujimori y otro de sus ex presidentes Alejandro Toledo está prófugo; si la oposición venezolana y la comunidad internacional traen en jaque a Nicolás Maduro; si en Argentina la ex presidenta Cristina Kirchner está sujeta a proceso judicial; si hasta los ex mandatarios de Honduras y El Salvador también se encuentran bajo la lupa de la ley, y si hasta la justicia de Estados Unidos logró que Richard Nixon dimitiera como presidente en 1974 por el Watergate, como a la fecha Donald Trump enfrenta el riesgo de ser destituido ante un “impeachment” por obstruir a la justicia… ¿será a partir de 2018 que Enrique Peña Nieto deberá ser puesto en el banquillo de los acusados y luego confinado en uno de los penales de máxima seguridad por la calamidad que sufre la nación, la que no quiso detener, aún a costa de la inmensa ola de asesinatos y saqueos de las riquezas nacionales?
De no ser así, ¿quién más pagará por un país que se volvió totalmente incomprensible y cuya única respuesta para regenerar el destrozado tejido social sólo debe provenir aplicando un castigo ejemplar hacia quien propició la tragedia nacional, el fin de la convivencia social y la cancelación del futuro económico del pueblo?
La justicia y la política ya no tienen alternativa. Y darle la vuelta a la página, ya es imposible.
INICIATIVA MÉRIDA — UAT Y SECRETARÍA DE SALUD
Como parte del proyecto que el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca inició para combatir la inseguridad, 63 elementos de la Policía Estatal recién concluyeron el Curso de Supervisión de Primera Línea impartido con la colaboración del propio Gobierno de Tamaulipas y el Consulado de Estados Unidos en Matamoros y Nuevo Laredo, contexto del Programa Iniciativa Mérida. 63 mandos medios que a su vez serán replicadores de los conocimientos adquiridos en beneficio de todos los elementos de seguridad pública.
Mientras tanto, la UAT y la Secretaría de Salud firmaron un convenio para la formación de médicos especialistas que contribuirá a atender su déficit en la entidad. El rector Enrique Etienne Pérez del Río y la secretaria Gloria Molina Gamboa impulsarán la formación de especialistas en Medicina Interna, Ginecología, Anestesiología y Pediatría, con lo que se mejorará la calidad de los servicios de salud en la entidad.
¡Excelente inicio de semana!
