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ORBE


Ma. Teresa Medina

05/06/17

Contra la violencia en Tamaulipas, la justicia curativa

Todo el mal se exacerbó, coinciden los expertos, a raíz de los cuatro atentados del 9/11 iniciados contra las emblemáticas y desaparecidas Torres Gemelas de Nueva York.
A partir de esa sospechosa tragedia nuestro país nunca volvió a ser el mismo. Y Tamaulipas tampoco.
De tales efectos se desprendió una ola creciente de violencia contenida a duras penas por los gobiernos nacionales del PRI desde la década de los 80, y cuya pinza maligna aprovechó en 2001 a cerrarse y estrangularnos desde el norte y sur del continente.
El gigantesco negocio de las drogas y sus daños colaterales fueron, por la fuerza impresionante y letal de sus epicentros, Colombia y Estados Unidos, producción y consumo, una especie de invasión armada para todos los países de la región.
Los caudalosos ríos de dinero sucio, antes subterráneos, presionaron todas las estructuras políticas y sociales. Entonces sobrevino la corrupción generalizada que, junto con el poder de la violencia y el miedo, corroyeron a la mayoría de los gobiernos estatales y municipales, destruyendo a gran velocidad el tejido social, la paz y el Estado de derecho.
Así, en menos de dos décadas, reinan la atrocidad, la confusión y el desorden, sin que por lo menos algo se pueda hacer a fin de enfrentar esta grave problemática.
Acumulado todo el poder del mal, y refiriéndonos particularmente a Tamaulipas, los últimos tres gobiernos (1999-2016) optaron por disminuir drásticamente los niveles oficiales de responsabilidad, dejando crecer al crimen a sus anchas.
Hoy la herencia recibida por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, va más allá de despejar el aspecto desmoralizador que encontró en el Estado en sus recorridos de campaña electoral.
Se trata más bien de que ese cuerpo social postrado por mucho tiempo en terapia intensiva se recupere mediante un proceso intenso y complejo de eficaz justicia curativa.
Pero muchos (sumando opositores ávidos de ganar lo que en la arena electoral no pueden) suponen que semejante misión, en medio de un entorno desgraciado y funesto, no requiere de la cohesión de toda la sociedad a efecto de reconstruir una nueva época de tranquilidad. Consideran superficialmente (y quieren hacer creer) que todas las acciones que se emprendan deben ser absoluta responsabilidad del Gobierno del Estado.
Error enorme, si lo que se busca es combatir al fenómeno a través de una base sólida que integre una agenda común con las organizaciones civiles. Resultaría absurdo que si se trata de una prioridad como la seguridad humana, no participen en esas acciones (ya emprendidas) los propios ciudadanos.
Mucho menos podrían exigirse resultados rápidos que satisfagan a los sectores más vulnerables, como el proyecto de ciudades seguras que enarbola y aterriza el titular del Ejecutivo Estatal.
Por cierto, hablando de opositores, se ofuscan al extenderse más allá del marco federal que regula casinos y casas de apuestas. Confunden los juegos de azar con las cuevas de perdición donde el Estado y los municipios son competentes para otorgar licencias o, en su defecto, cancelarlas. Pero lo más curioso es que “no entienden” que el uso de suelo, orden del desarrollo urbano y planeación de los asentamientos humanos también son competencia del Gobierno del Estado, y éste define si casinos y antros alteran o no la convivencia social.

SECTOR SALUD REGULARIZA SUS SERVICIOS
Respecto a la calidad de vida que las autoridades estatales se han comprometido con la sociedad, continúa en marcha (y sin interrupciones) el proceso que garantiza el acceso a servicios médicos y hospitalarios para un millón 700 mil tamaulipecos que carecen de seguridad social.
En ese sentido, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, subraya que ya se regulariza -a través de un amplio y comprometido programa integral- el abasto de medicamentos e insumos en el Estado, paralelo a la ampliación de las coberturas de salud y mejoramientos cada vez más significativos de las unidades médicas, cuyas líneas de acción incluyen la acreditación de esos centros hospitalarios y de consulta.
Consciente el Sector Salud del Estado que estos temas no esperan, porque son urgentes, su relevancia es que ya se dan en un plazo inmediato, fortaleciendo la atención digna y de calidad, así como el cambio de actitud del personal, elevando la cultura por el valor de la vida y el respeto al ser humano.
¡Excelente inicio de semana!

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