H.MATAMOROS, TAMPS., 10 de Enero de 2025
24/08/2015 – San Antonio.- La abogada Kim Hunter recibió en este mes una carta de autoridades migratorias de Estados Unidos en la que le informaron sobre la prohibición a la entrada a un centro de detención de familias en el sur de Texas por haber exigido de manera «beligerante» la liberación de sus clientes una noche a fines de julio.
El jurista Andrew Free se enteró el 3 de agosto que también le fue prohibida la entrada a la mayor instalación de refugiados migrantes en el país después que entró en un juzgado móvil 10 días antes para preguntar por qué funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se reunían con sus clientes sin su conocimiento.
La agencia afirma que los dos violaron las normas de visitas, pero una coalición de abogados de migración sostiene que las prohibiciones no tienen precedente y luchan por rescindirlas como parte de sus esfuerzos por mejorar el acceso a las madres inmigrantes y sus niños que están en el país sin autorización y que son retenidos en ese centro.
«Nunca había encontrado tanta cantidad de modos de interferir con el acceso», dijo Hunter, que llegó a fines de julio de San Paul, Minnesota, para desempeñarse.
500 abogados
Ella es una de los 500 abogados de todo el país que ofrecen voluntariamente una semana para trabajar con las personas indocumentadas que se asilan en el centro de Dilley, que cuenta con 2 mil 400 camas pero que actualmente alberga a unos mil inmigrantes.
El centro ha enfrentado una intensa oposición política y legal después que el gobierno estadounidense lo abrió junto con otro en Texas en reacción a la llegada de decenas de miles de mujeres y niños centroamericanos el año pasado. El viernes, un juez federal ordenó la pronta liberación de los niños, junto con sus madres de ser posible, lo que los abogados de Seguridad Nacional objetan y pueden apelar.
Los abogados voluntarios explican que su representación es vital para ayudar a las mujeres a aprobar las entrevistas que son el primer obstáculo en la búsqueda de asilo. Stephen Manning, un abogado en el proyecto pro bono, dice que de los 5 mil inmigrantes que contaron con representación legal, solo 10 fueron rechazados.
Sin embargo, los abogados dicen que las autoridades de migración dificultan cada vez más su tarea. Citan ejemplos como negar acceso a los letrados al aducir motivos de seguridad, limitar el acceso a los tribunales, restringir a los sicólogos pese a haber recibido autorización previa y cambiar las reglas repentinamente, como por ejemplo no permitir que los abogados dejen sus teléfonos celulares en los armarios, lo que significa que los deben dejar en sus automóviles en medio del calor.
Agencias
