H.MATAMOROS, TAMPS., 26 de Diciembre de 2024
4/11/2017 – El gobierno municipal rentó por tres meses una propiedad de una familiar del asesor municipal Salvador Treviño Garza incurriendo con esto en una situación que pudiera ser sujeta a investigación por parte de la Contraloría del Municipio.
El oficial mayor del Ayuntamiento, Luis Gerardo García Tovar, explicó que es una propiedad ubicada en la colonia Lucero, por la cual se pagaría la cantidad de 420 mil pesos anuales, aunque sólo fue rentada por 3 meses.
En ese sentido hizo la aclaración de que en el contrato firmado con la propietaria del inmueble, se hacía alusión de que cualquiera de las partes podrían rescindir el contrato en caso de que ya no conviniera a sus intereses.
Dijo que conoce esta información debido a que precisamente fue él el que aparece como autoridad firmante en el contrato ya que todos los contratos de arrendamiento deben pasar a través de la Oficialía Mayor.
Por 3 meses
“Esas oficinas las ocupó la Secretaría de Servicios Públicos mientras se remodelada o se acondicionaban las oficinas que ocupan actualmente y que están ubicadas en la colonia San Francisco, es decir solamente se las rentamos por tres meses”, textualizó el funcionario.
En su defensa sobre la renta que hizo el Ayuntamiento del inmueble, García Tovar reconoció que dicha propiedad sí pertenece a la esposa del asesor municipal Salvador Treviño Garza, pero que el contexto legal de esta situación sólo le corresponde revisarlo a la Contraloría municipal.
Por su parte el regidor Antonio Amaro Chacón consideró que es necesario investigar a fondo estos hechos, ya que si bien pudiera considerarse como un conflicto de intereses el que el gobierno municipal rente la propiedad de la esposa de uno de los asesores del alcalde, esto también podría tener repercusiones en la Contraloría municipal.
«Estaremos pidiendo que la Contraloría investigue en que contexto se dio ese contrato y porque se permitió que se rentara una propiedad en la que existe un conflicto de intereses para un funcionario público; en estos casos la Contraloría está obligada a actuar aún sin una denuncia», asentó.
Agencias
