LUZ DE LUNA

Sandra Luz García Guajardo

05/03/2017

Gasolinazo y Poder

¿Quién tiene el poder de decidir si aumenta o no el precio de la gasolina? El Ejecutivo Federal anunció de manera contundente al inicio de su mandato que terminaría con los incrementos en la gasolina de los últimos años de gobierno de Felipe Calderón. Los aumentos totales de esos 3 años calderonistas a la gasolina Magna fue de 2.84 pesos, 0.62 centavos a la Premium y de 2.84 pesos al diesel, precios que no se comparan en nada con la descomunal alza que hemos padecido con el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que la gasolina Magna ha subido 5.18 pesos, la Premium 6.24 y el diesel 6.15 pesos.
Los gasolinazos de Peña Nieto obedecen a una política fiscal con fines meramente recaudatorios. Ajenos a la reforma energética y a la liberación del precio del combustible.
Sabemos que los impuestos se van directamente a la federación y en este caso el Impuesto Especial sobre Producciones y Servicios (IEPS) junto con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por cada litro de combustible sin estímulos en Matamoros, Tamaulipas 6.64 pesos, lo que equivale al 42% del precio por litro, que es de 15.80 pesos y con estímulos de 13.26 pesos.
Con este precio en el combustible, nuestra frontera se encuentra fuera de cualquier competencia ya que el costo por litro de gasolina en Brownsville, Texas, Estados Unidos es de 11.69 pesos por litro. Cuando el precio en Matamoros debería ser igual que en Brownsville salvo una pequeña diferencia de logística por cruzar la frontera, sin embargo, la realidad es otra debido a los impuestos.
A pesar de la existencia de 2 estímulos a los combustibles desde el 3 de febrero, en la práctica los gasolineros no han podido hacerlos efectivos y trasladarlos al consumidor final. El procedimiento para acceder a dichos estímulos lejos de ser ágil, solo ha generado desconfianza y malestar.
Lo que queda claro es que el Gobierno Federal nunca ha perdido ni un solo peso, por el contrario, ha ganado.
Es mentira el argumento de que no incrementar el costo de la gasolina representaría detener 2 años completos los apoyos del programa Prospera a casi 7 millones de familias o suspender 3 años el Seguro Popular en agravio de 50 millones de mexicanos. Al final del camino todos sabemos que estos programas son utilizados en su mayoría con fines electorales.
Los legisladores panistas nos hemos manifestado en contra del incremento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera y nos pronunciamos para que se reduzca en un 50% el IEPS y así poder bajar el costo de la gasolina y ser competitivos frente a Estados Unidos, a pesar de no ser mayoría en el Congreso, estoy convencida que continuaremos alzando la voz y haciendo ver la realidad a los mexicanos.
La situación en la frontera y en el país es preocupante, y por ello me seguiré pronunciando para que empresarios, cámaras y gasolineros hagamos fuerza y nos unamos para presionar a los legisladores, gobernantes y otros partidos políticos a que respondan por sus acciones y den la cara a la ciudadanía.
Para solicitar que baje el precio de la gasolina, y que si se tiene que hacer un recorte se haga al presupuesto de los partidos políticos, a su financiamiento y a las campañas.
Es cierto que detener el gasolinazo previsto para el mes de febrero se debió más a la presión social y a que siguieran las manifestaciones sociales sin control, pero sobre todo a mantener un estable entorno político ante las próximas elecciones a celebrarse el 4 de junio de este año, en las que se juega el control político del partido en la presidencia y la elección más grande del país, la del Estado de México que cuenta con 10.8 millones de personas inscritas en el padrón y que representa la antesala de lo que sucederá en las elecciones del 2018.
A pesar de ello, la problemática continuará, mas estaciones de servicio cerradas, el precio de la gasolina variando a diario, el robo y ordeña del combustible cada vez más frecuente, al igual que la venta ilegal por parte de los delincuentes. Sin embargo, no debemos quedarnos callados ante los responsables, creo que ha quedado claro en este texto quién tiene el verdadero poder de controlar los precios del combustible ¡y es a quien debemos exigir cuentas!.