LOS JUEGOS DEL PODER

Maribel Villarreal

15/10/017

Justicia o venganza

La desgracia sigue estacionada en el PRI de Tamaulipas. La detención y auto de formal prisión a Eugenio Hernández Flores terminó por desmoralizar a los ya devastados priístas que desde su dirigencia nomás no atinan a reencontrar el rumbo. En Matamoros, Sergio Guajardo comentó que no se contempla la expulsión del ex mandatario y personajes emblemáticos del priísmo se limitan a pedir un juicio conforme a derecho. ¿Cuando se rebasa la delgada línea entre la justicia y la venganza? Es difícil asumir los actos de justicia cuando estamos tan resignados a la impunidad de la clase gobernante. La «venganza política» se convierte en bandera cuando no hay argumentos sólidos para la defensa. Durante décadas, los gobernadores priístas se protegieron. Aún en medio de las discrepancias con los «ex» jamás violaron la regla de protección no escrita pero enfáticamente respetada. Nunca sabremos si de haber llegado a la gubernatura Baltazar Hinojosa habría actuado contra Egidio Torre o contra el propio Eugenio Hernández. Lo más probable es que no. La credibilidad ganada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con la detención de Hernández Flores podría potencializarse si la justicia de la inédita alternancia se aplica sin distingos. La Auditoría Superior del Estado reveló la semana anterior un presunto quebranto estimado en mil 371 millones de pesos a la ex alcaldesa, Norma Leticia Salazar en el Ayuntamiento de Matamoros. La panista encabezó uno de los peores gobiernos municipales. El descarado saqueo alcanzó la Junta de Aguas y Drenaje. El organismo operador está en agonía financiera. La administración de Jesus de la Garza ha tenido que intervenir en el rescate. El miércoles, la ex edil fue notificada en su domicilio particular de Matamoros por los auditores de la dependencia. Las cuentas públicas están detenidas en el Congreso. Otros casos que siguen su curso son los del ex alcalde, -también panista- de Nuevo Laredo, Carlos Canturrosas y la del priísta Juan Andrés Díaz Cruz, de Tula. El Estado mantiene abierta la investigación en las empresas fantasmas de Egidio Torre reveladas en el Primer Informe y el desvío de recursos en la Secretaría de Salud estimados en mil millones de pesos. La Fiscalía Anticorrupción, creada apenas en este sexenio, está obligada a dar prontos resultados. Actuar con imparcialidad ayudará a recuperar la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones y desalentará la incesante corrupción. El área de oportunidad es vasta para la nueva Fiscalía. La percepción de justicia o venganza depende de las siglas partidistas desde la que se vea.