Maribel Villarreal
30/12/16
¿Borrón y cuenta nueva?
Presunciones hay muchas.
La llegada de los vientos de cambio a Tamaulipas llenó de expectativas el escenario estatal y a tres meses de gobierno, la esperanza ciudadana de justicia sigue pendiente.
En algunos municipios, los primeros meses fueron de sorpresa en sorpresa; las arcas municipales vacías, abultadas deudas públicas y obras financieramente ejecutadas, pero en la realidad inconclusas.
Ayuntamientos como los de Tampico, Madero y Altamira hicieron comparecer a ex funcionarios y hasta convocaron a comparecer a los ex alcaldes (que por cierto no se presentaron). El escándalo quedó hasta ahora en el terreno mediático.
El alcalde de Padilla, el panista Eduardo Alvarado acusó a su antecesor, el priísta Francisco Reyes por un presunto desfalco de 9 millones de pesos y el ejercicio de un millón de pesos el último día de gobierno. Amenazó con acudir a presentar denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En Tula, la Comisión Federal de Electricidad cortó la luz al municipio por un adeudo de 900 mil pesos que heredó la anterior administración municipal.
Recién iniciado el gobierno estatal, el contralor Mario Soria pidió paciencia a los reporteros que le cuestionaron los avances de las condiciones en las que se recibió el Estado.
Entre broma y broma expuso que si querían ver sangre vieran una película de los hermanos Almada.
La alusión del funcionario se generó en medio de algunas revelaciones como el déficit gubernamental superior a los mil millones de pesos, el evidente fraude de las becas del ITABEC y las presunciones expuestas por la secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto.
Las COMAPAS están incluidas. En Reynosa se reveló una deuda de 3 mil millones de pesos y en Río Bravo, según el gerente Raúl García Vivián, no había dinero ni para el pago de nómina, amén de obras pendientes.
Los hundimientos en Tampico y Madero pusieron al descubierto la siempre sospechada red de complicidades de la COMAPA conurbada y la nueva gerencia expuso la necesidad de al menos 200 millones de pesos para solucionar el latente problema derivado de obras mal hechas.
En Matamoros, la Junta de Aguas y Drenaje está en quiebra. El Ayuntamiento tuvo que solicitar al Gobierno del Estado un préstamo de 10 millones de pesos sobre participaciones para atender con oportunidad el pago de aguinaldos a los trabajadores.
El alcalde Jesús de la Garza dejó en claro que no habrá borrón y cuenta nueva, que la auditoría sigue su marcha y que los resultados serán remitidos a la Auditoría Superior y al Congreso del Estado para actuar en consecuencia.
La sospecha prevalecía en la gestión de la ex alcaldesa Leticia Salazar. Leyendas urbanas aludieron siempre a un saqueo indiscriminado en el que estaba involucrado Luis Alfredo Biasi, su familia y allegados con la anuencia de la edil.
Leticia Salazar está en la mira. Las cuentas públicas de su administración están congeladas y el año próximo el Congreso definirá su destino.
Como decíamos al principio, el sentimiento social es de justicia. No está el horno para bollos ni el ánimo público para dejar pasar.
No hay espacio para el borrón y cuenta nueva.