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Los Hechos
La nueva democracia
12/11/2018 – En el pasado, los órganos ciudadanizados y “entes autónomos”, se integraban por cuotas de acuerdo a la representatividad o capacidad de negociación en las coyunturas, de los mandos político-partidistas.
Más antes se había decidido “ciudadanizar”, primero las instancias electorales, precisamente para evitar la intromisión de los gobernantes en turno, restando imparcialidad y fiabilidad a los entes encargados de sancionar la elección de gobernantes y representantes populares.
Las instancias jurisdiccionales, además, por mandato de ley se integrarían por el voto mayoritario de las representaciones populares, a convocatoria pública.
A últimas fechas, y cada día más, son los entes que buscan legitimarse a partir de esa pretendida ciudadanización.
A la mayoría de las instituciones públicas que se van empalmando para dar rostros de legalidad, transparencia, honestidad, le van adicionando un “comité ciudadano” y las convocatorias públicas abundan, para integrar instancias “ajenas al poder en turno”.
En ese contexto estaríamos en la víspera de la elección de dos magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas: el próximo domingo concluyen el periodo para el que fueron electos los magistrados EMILIA VELA y RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ.
El Senado de la República, a quien asiste la potestad de elegir a los magistrados, lanzó la convocatoria, de la que se ubicó en el 15 de octubre la fecha para seleccionar a los aspirantes con requisitos y capacidades a salvo.
La comisión revisora entregaría en esa fecha la lista a la Junta de Coordinación Política, para que esta a su vez la evaluara y propusiera a consideración del pleno senatorial los dos candidatos idóneos; si estos no tuvieran las dos terceras partes de los votos, se presenta otra propuesta.
El hecho es que las vísperas del plazo fatal, la comisiòn solicitó su ampliación por 21 días, argumentando el “derecho de audiencia” que asiste a los aspirantes.
El acuerdo fue publicado en la gaceta parlamentaria la semana pasada, vencido el nuevo plazo el cinco de noviembre, sin que se sepa aún los nombres de “los idóneos”, ni de llamado alguno al mentado “derecho de audiencia”.
Además de los magistrados electorales de Tamaulipas, se elegirán otros para Baja California y Zacatecas.
Pero por añadidura, en los andurriales senatoriales se dirime la designación de cuatro consejeros honoríficos y un integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 2018-2019, cuyo proceso el mes anterior también fue pospuesto.
Hay quienes son de la idea que todos esos casos saldrán en paquete, en cuanto los partidos representados en la Cámara se pongan de acuerdo sobre el reparto, “porque no tiene caso que se estén haciendo negociaciones aisladas, sobre todo por la relación que hay de ese tipo de casos con la obtención de votos para otras reformas constitucionales”.
¿Entonces los juzgadores, consejeros y fiscales electorales responden a la tutela y por extensión a los intereses de un tercero?
Está bien, si así lo quieren, pero que no digan que los Consejos son ciudadanos y los Tribunales autónomos en independientes.
Y que no hagan a tanto profesionista juntar papelería, presentarse en propuesta, estudiar y hacer exámenes, viajar para las entrevistas y pasarse los días esperando el fallo, con el sueño perdido y los nervios destrozados.
Hasta ahora, no hay visos que la nueva democracia vaya a ser mayormente distinta a la del pasado. Que me desmientan en los hechos.
