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Los Hechos
Diputado carnal
8/11/2018 – En el Congreso de la Unión llevan más de dos años debatiendo el tema de la designación del Fiscal General de la República.
En el Congreso Local, ayer en 20 minutos las comisiones revisoras aprobaron el dictamen sobre la iniciativa, presentada la semana pasada, para cambiar la figura de procurador a la de Fiscal General, con la puerta abierta para dejar ahí a quien ya ejerce el cargo.
Solo el coordinador de la fracción priísta, ALEJANDRO ETIENNE LLANO, propuso algunas modificaciones a la iniciativa, entre las que, en algún apartado, hasta “más tierrita” le aventaba al hoyo, pero que en general se desecharon por el voto mayoritario de los dictaminadores.
Fuera de la intentona por inhibir la “reelección” y prolongación por los siguientes gobiernos en la gestión, del procurador IRVING BARRIOS MOJICA, las sugerencias del priísta fueron más por la forma, que al fondo de la iniciativa.
Una de las sinrazones de la transformación de la figura del abogado de Tamaulipas, radica en los requisitos para formar parte de la nueva estructura.
Para ser Fiscal General del Estado solo basta con ser mexicano de nacimiento, abogado con diez años de haber culminado los estudios y 35 años de edad cumplidos, sin haber sido condenado por delito doloso.
Pero para ser Consejero Ciudadano de la Fiscalía -un órgano colegiado de nueva creación al que se integrarán cinco personas a las que no se les pagará un quinto-, deberán ser expertos en ciencias penales y forenses, en Procuración de Justicia, Seguridad Pública y “demás conocimientos afines”.
Afortunadamente en este campo no procedió el agregado propuesto por el PRI, para que los consejeros ciudadanos gratuitos, también tuvieran experiencia administrativa y en control de presupuestos, porque no iba a estar fácil encontrar esos “monstruos” del saber y el desprendimiento.
Para seleccionar al Fiscal General, el Congreso hará una convocatoria pública, de los aspirantes escogerá a seis y se los mandará al Ejecutivo, para que éste a su vez saque tres, que devolverá a la representación popular, a fin de que los vote y se haga la designación.
En la renovada estructura habrá, además, al menos, tres Fiscales Especiales -electoral, de asuntos internos y anticorrupción-, un Consejo Estatal de Política Criminal -encabezado por el Gobernador- y otro Consejo de Fiscales, que orientará la administración, vigilancia y disciplina internas, además de un Consejo Técnico para la transición.
Su designación igual “se la pelotearán” entre el Ejecutivo y los diputados, pero en el caso del “Zar Anticorrupción”, JAVIER CASTRO ORMACHEA no entra a las pujas, pues en los transitorios se reivindica la elección que se le hizo el año pasado, para mantenerse por ocho años en el cargo.
Es más, hasta se le concede derecho a ser reelecto por ocho años más y se precisa que cuando concluya, el primero o el segundo periodo, o incluso antes, si como se estila en cambios de gobierno, aplicar “salidas emergentes”, se le deba entregar un bono de retiro.
Comoquiera, la misma ley que seguramente será aprobada en la sesión plenaria de la semana entrante, advierte que estos funcionarios no podrán ser cesados de sus funciones, salvo cuando hubieran cometido un delito grave, juicio político de por medio.
“Pue” te digo ¿a qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?; con los diputados carnales el Poder Público no necesita más consanguinidad.
