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Los Hechos
Van por todo
1/11/2018 – Los diputados se pusieron generosos y ayer propusieron un montón de reformas legales y constitucionales para dar al Estado veto, bono, fiscal, mando policial, reformas “fast track” y hasta un registro ciudadano propio de niños y adultos, nativos y residentes, a partir de los 14 años de edad y los seis meses de haber llegado a estas tierras.
Primero fueron las diputadas de todas las fracciones parlamentarias quienes rodearon el podio y se turnaron la exposición de motivos y presentación de la iniciativa que crea el Fondo para la Atención del Cáncer de Mama y Cervicouterino de las mujeres que no cuenten con los recursos para cubrir sus requerimientos médicos.
Dicho fondo se formará con 5 pesos al millar -medio punto porcentual- que se descontará de los pagos a los proveedores del Estado, por obras, bienes y servicios prestados, los cuales de manera trimestral enterará la Dirección de Pagos al Sistema DIF estatal, a quien se remite la operación del programa.
Las iniciativas de reformas constitucionales fueron promovidas por la fracción del partido mayoritario en el Congreso, el PAN, y fueron admitidas a trámite, sin chistar, por el voto unánime de todas las expresiones políticas con asiento en la Cámara.
Una pretende la desaparición de la figura del procurador general de Justicia, para dar paso al Fiscal General del Estado, quien durará en el encargo siete años, es decir, hasta las siguientes dos gubernaturas, si se confirma que la siguiente será de dos años.
Con él, tres fiscales especiales -de Asuntos Internos, Derechos Electorales y Combate a la Corrupción-, un Consejo Técnico y otro de Participación Ciudadana, este también con carácter de “honorario”, es decir, “de a grapa”.
Otra reforma constitucional pretende la creación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con otros tantos consejos y secretariados, que ya precisa el regreso de las Policías Preventivas Municipales, pero remite el mando al Estado a quien concede facultades de atracción, en casos particulares.
La Cédula Estatal de Identidad, que en la Constitución Política del Estado pretende hacer obligatorio el que todo tamaulipeco, de nacimiento o residencia, mayor de 14 años de edad, deba registrarse con todos sus datos personales y obtener su identificación estatal.
El argumento es que el acta de nacimiento y el Registro Federal de Electores, no tienen tantos elementos de seguridad que los haga infalibles a la falsificación o duplicidad de identidades, como tendrá el que operará el Estado.
La Iniciativa Preferente, pretende que el Ejecutivo pueda enviar iniciativas al Congreso con esa calidad, que obliga a los diputados a, en un término no mayor a 30 días, analizar, debatir, dictaminar y votar en pleno tales promociones.
Y otras reformas propuestas, se enfocan a reglamentar el derecho de veto concedido al Ejecutivo, para que no publique para dar vigencia y regrese al Congreso iniciativas ya aprobadas que no considere pertinentes, a fin de que vuelvan a ser revisadas por los diputados, a la luz de sus observaciones.
En otras legislaturas “el chiquitiaje” de menos murmuraría un “¿por qué?” y la primera minoría sacudiría las curules aclamando al “sospechosismo”, dibujando caminos escabrosos y destinos de miedo.
No cabe duda: los tiempos cambian.
