Los Hechos

La gran estafa

30/07/2018 – Cuando en el 2 mil 2, una veintena de reporteros de las principales ciudades del Estado fuimos invitados a conocer las lagunas de Altamira que el Gobierno del Estado sacaba a la venta, el tema no era el precio, de 8 mil 700 pesos la hectárea.
Cualquier valoración resultaba subjetiva -lo escribimos entonces-, contra todo lo que significaba rellenar la extensión, para hacerla aprovechable y entonces sí, visualizar su valor de venta y condiciones de mercado.
El tema era, que con esa operación se estaba recuperando parte de los tantos millones de recursos fiscales invertidos para la elaboración del proyecto y promoción del Canal Intracostero que resultó en nada.
MANUEL CAVAZOS LERMA, gobernador, gastó tanto en esa aventura, pero la cesión de la federación de la zona lagunaria para la obra, servía, al venderse aquella zona, para atenuar la pérdida fiscal, ya en la sucesión gubernamental.
LUIS ALONSO “Loncho Eloco” MEJÍA, quien como diputado del PAN en el Congreso Local, por antonomasia llevó las contras a todas las acciones del ejecutivo priísta en su tiempo, fue el único que reclamó la operación.
El caso se volvió tema otra vez, hasta que el año pasado, recién creada la Fiscalía Anticorrupción del Estado, debutó aprehendiendo al ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES por “peculado y uso recursos de procedencia ilícita”, radicado en la reventa que el comprador original hizo de aquellos predios, a un tercero.
El fiscal extendió calidad de prestanombres al segundo comprador y aseguró, la compra-venta estuvo viciada de origen, porque los terrenos vendidos en 14 millones de pesos, en realidad valían entonces 886 millones y “ahora su valor es de mil 584 millones de pesos”.
No, pues qué fabuloso negocio de tontos, pensó entonces todo mundo, porque en cinco años, con todo y la depreciación del dinero y habiéndole invertido un buen en rellenar parte del terreno, el comprador solo sumó dos millones de pesos al venderlos en 16 millones al tercero.
Pero no ganó nada este último, sino que por el contrario, terminó perdiéndolo todo, pues para no meterse en líos con el Estado, a fines del año pasado cedió sin reticencias la propiedad para que se reincorporara al patrimonio público.
Entonces fue a enterarse que la estafa se había dado desde el origen y lo poco o mucho -según el cristal con que se vea- pagado e invertido en la empresa, estuvo siempre sobrevalorado.
No fueron los 14 millones pagados por su vendedor, ni los 16 por él cubiertos; tampoco los 886 que dijo el fiscal valían originalmente los terrenos y mucho menos los mil 584 en que se declaró el “valor actual”.
En la escritura pública número 3976, Volumen 64, de fecha 19 de diciembre de 2017 y autorizada el 25 de enero de este año ante la fe del notario público SERGIO CASTILLO PADILLA se establece un valor a la propiedad de 6 millones 448 mil 815 pesos.
Y tanto que pagaron por ellos, y tanto que se ha dicho de ello y tanto que se sigue haciendo respecto de ello.
Las cuentas no se acaban de cerrar, como para poder concluir y dimensionar hasta dónde, hablando de ganadores y vencidos.
Hoy todos siguen perdiendo y lo pueden hacer más.
Este día regresan de las vacaciones de verano los trabajadores y funcionarios del Gobierno del Estado que se fueron, los más, con la tranquilidad del deber cumplido pero algunos de ellos, preocupados o no, de la chamba dejada al garete, por lo que no pudieron o no quisieron -debiendo- hacer antes de partir.