Los Hechos

José Inés Figueroa Vitela

06/05/2018

Justicia ciega

El trabajo se complica para la Auditoría Superior del Estado.
La semana entrante recibirá de la Comisión de Vigilancia del Congreso Local cerca de 200 cuentas públicas correspondientes al ejercicio del año pasado, para iniciar la revisión de los manejos de los recursos públicos en la entidad, cuando no acaba de dirimir lo del año anterior, más un paquete de “rezago” de más atrás.
Antes se hacían auditorías aleatorias parciales, pero ahora todos los entes públicos, llámese los Poderes del Estado, los 43 ayuntamientos y los 116 organismos públicos descentralizados, son sujetos de revisión y casi el total -95 por ciento-, del ejercicio 2016, mantienen observaciones que no se han acabado de solventar.
No hay nivel, filiación, ni tamaño de ente público que “la haya librado” hasta ahora.
El auditor superior JORGE ESPINO ASCANIO, rechaza las expresiones, sostenidas en la tradición, de que la fiscalización pública se encuentre remitida al manejo político, como un instrumento de persecución y acoso a los adversarios o rebeldes del gobierno actuante.
Explica el calendario fiscalizador sustentado en la legislación vigente desde pasadas administraciones: el 10 de noviembre se da cuenta al Congreso de las observaciones -presuntas irregularidades- a las que los presuntos responsables tienen 30 días hábiles para responder.
En tratándose de un año -2016- en que por primera ocasión convergieron dos administraciones, donde los actuales debieron extender las notificaciones a los anteriores titulares, tal apartado se cumplió entre febrero y marzo pasados.
A partir de esa fecha, ahora corre el plazo de 120 días, como última oportunidad para la solventación de las observaciones, de tal manera que será hacia mediados de julio cuando se iniciarían los procedimientos sancionadores contra quienes, no aclarando las inconsistencias, resultaran en la configuración de un delito.
Es decir, en todo caso, las eventuales culpas se estarán dirimiendo cuando ya haya pasado la jornada comicial del uno de julio.
“Nosotros no utilizamos la política a la hora de revisar las cuentas; siempre estamos siguiendo órdenes legales”, dice tajante el auditor Superior del Estado y hasta ahora, no hay motivos que hablen en contrario.
Y del exceso de chamba, que ve venir, prácticamente al doble de la ya intensificada carga de trabajo, no descarta, se haga necesario un incremento al presupuesto para contratar despachos privados que les apoyen en el cumplimiento de las metas.
Eso es una cosa; otra el manejo mediático de fantasmagóricos escenarios donde los adversarios electorales del partido gobernante, son sentados en el banquillo de los acusados, entre afirmaciones que no soportan su más somera lectura.
Solo como botón de muestra, repasaremos la “nota” propagada en redes sociales, donde se afirma fue “dictaminada” en Victoria, una investigación por “desvío, peculado y enriquecimiento ilícito así como de asociados delictiva” contra ex funcionarios y políticos -hoy- en campaña.
Dice que el ex gobernador TOMÁS YARRINGTON implicó en sus declaraciones -en Brownsville- a su par EGIDIO TORRE, hablando de la “gran estafa”, radicada en la zona conurbada del sur, que significa 200 mil millones de pesos del presupuesto “perdidos”.
Ahí es donde relacionan los nombres de los altamirenses candidatos priístas a la alcaldía y diputación federal CARLOS GONZÁLEZ TORAL y GRISELDA CARRILLO y hasta el neomorenista maderense ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.