José I. Figueroa
12/10/17
El cuerpo del delito
Doña MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO y su compañera senadora SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO -ésta tamaulipeca-, firmaron esta semana una iniciativa de punto de acuerdo, relacionada con el caso del ex gobernador apresado.
«Eugenio Hernández Flores es acusado de hacer la compra de un terreno de mil 600 hectáreas, por un costo de 16 millones de pesos. El terreno se encuentra ubicado en el Puerto Industrial de Altamira. Actualmente es patrimonio del Estado y tiene un precio de mil 584 millones de pesos», reza en su parte medular la promoción en la Cámara Alta, turnada a comisiones.
El juez Segundo Penal hoy deberá resolver la situación jurídica de EUGENIO, bien sea para dictarle el auto de formal prisión o dejarle en libertad.
Al margen de las aportaciones de fiscales y defensores en este periodo ampliado para la aportación de pruebas de descargo, ya las senadoras panistas «les mataron el gallo» a los abogados, al dicho que el predio de la controversia, «actualmente es patrimonio del Estado».
En esa condición no habrá forma de demostrar, para el Fiscal Anticorrupción, que el ex gobernador «se apropió del predio», o que cometió peculado, o que usó para ello «recursos de procedencia ilícita», los delitos de que le acusan.
Claro, esas son suposiciones hijas de la lógica; hay otras sustentadas estrictamente en el campo de las leyes vigentes, como otras soportadas en la tesis de los intereses particulares, políticos y/o partidistas que pudieran estar atrás de este affaire.
En cualquier escenario las consecuencias resultan previsibles; ya habrá oportunidad para abundar al respecto.
En la comparecencia de ayer, ante el Congreso para la glosa del Primer Informe del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el procurador de Justicia del Estado, IRVING BARRIOS MOJICA, le sacó la vuelta al tema, ante el pleno de los diputados locales.
“La Fiscalía Especial Anticorrupción es autónoma y es ella la que está ventilando el caso”, dijo y repitió el abogado de Tamaulipas, cuantas veces se le pidió diera cuenta del caso, de parte de los diputados en pleno, y de los periodistas, ya de salida.
Como quiera, de lo de la ficha roja de la Interpol, reconoció que fueron ellos quienes requirieron información al respecto, pero tras ello, la policía internacional no se ha puesto en contacto a la inversa para algún seguimiento.
La comparecencia del procurador siguió el mismo formato de las que ya se habían dado, donde a la hora de los posicionamientos, se hicieron algunos encendidos reclamos y apuntes de legisladores y partidos, pero a la hora de las preguntas “se la llevaron suave”.
RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, en nombre del PRI, le recordó que los suyos no votaron por su elección como procurador y no se arrepienten, a la luz de las cifras que mantiene a Tamaulipas como el tercer Estado con más secuestros y marcados crecimientos en otros delitos como la extorsión, homicidios dolosos y robo.
De acuerdo a estudios del INEGI, dijo, el 74.9 por ciento de los tamaulipecos, se siente vulnerable a la inseguridad. “El discurso ya se agotó, ya no se vale seguirle echando la culpa a lo que se hizo en el pasado”, sentenció.
El procurador le respondió que las estadísticas no caben, no pueden leerse literalmente, porque a su entender, hay más casos registrados porque la gente denuncia más y eso es sinónimo de confianza en el nuevo gobierno.