LOS HECHOS

José I. Figueroa

13/07/17

Ni el «guardadito» alcanzará

Ya se ha dicho -conforme al reporte oficial de las instancias jurisdiccionales-, que de los remanentes del presupuesto del año pasado, en Tamaulipas, hay pasivos que incluso en este no se ejercieron, y del presupuesto corriente la inhibición institucional aparece recurrente.
El reporte de junio de la Auditoría Superior de la Federación, arrojaba en cuanto al fondo de fortalecimiento de las entidades federativas un daño patrimonial por el orden de los 775 millones de pesos, de los 900 -en números redondos- que fueron enviados.
Y en el caso específico del Seguro Popular, a febrero reciente, respecto de las asignaciones del 2 mil 16, había 75 millones de pesos no aplicados y depositados en cuentas distintas, amén de más de 30 millones sin aclarar cuál fue su destino.
En general, máxima universal es que en el ejercicio de los presupuestos públicos no se ahorra; lo que se deja de invertir en tareas específicas planeadas, en principio, cancela la consecución de los objetivos trazados y enseguida, en la lógica de que si no se aplican, no se necesitan, resulta en mermas para la operatividad futura.
El rostro más dramático de la inoperancia institucional se vive por estos tiempos en la salud pública de los tamaulipecos, con un efecto inmediato en quienes han dejado de recibir medicamentos y atención en análisis e intervenciones quirúrgicas, pero no lo es todo.
Esos enfermos desatendidos o mal atendidos andan la ruta del agravamiento que hará incrementar los índices de morbilidad y mortalidad del Estado y elevará los costos de atención a posteriori.
Un renglón que pareciera tan insignificante como acotar las campañas de abatización larvaria y fumigación del mosquito transmisor de peligrosos padecimientos como el dengue, zika y chikungunya, ya muestra el rostro de las consecuencias.
La propia secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA recién hizo el recuento acumulado del año, correspondiente a la semana 27 -primera de julio- respecto a las “enfermedades transmitidas por vector”, que son aquellas.
Iban, a la mitad del año 153 casos de dengue, 2 de chikungunya y 37 de zika, cuando en todo el 2 mil 16 se presentaron 152 casos de dengue, 15 de chikungunya y ninguno confirmado de zika.
Pero la estadística, -cuando faltan casi seis meses del año-, que en dos de los tres padecimientos, prácticamente se ha rebasado contra el global del ejercicio anterior, amenaza con multiplicarse exponencialmente, puestos frente a la alta población del mosquito transmisor.
“Ahorrando” unos pesos, las políticas sanitarias mantienen reducidos los trabajos de fumigación al perímetro de las zonas de residencia de los enfermos detectados, contra las campañas de aplicación general permanentes de antaño.
¿Cuánto costará al Estado atender a tanto enfermo de esos padecimientos?, seguramente mucho más que haber acotado la diseminación de los zancudos… ¿o igual van a desentenderse y dejarlos a su suerte?
La fumigación que no se hace, la medicina que no se entrega, la operación que no se practica, nunca será ahorro para el gobierno, como no lo es el trabajador efectivo que se corre, la disminución de los emolumentos, la cancelación de programas, obras sociales y de infraestructura, entre otras trabas hechas subejercicio.
Lo que no se paga ahora, costará mucho más después.
La propuesta del Ejecutivo de los tres candidatos a magistrados del primer Tribunal Fiscal del Estado, generó diferendos en la Diputación Permanente a quienes tocó conocer los expedientes, entrevistar a los presuntos, dictaminar y llamar a sesión extraordinaria para votarlos el lunes próximo.