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LOS HECHOS
José Inés Figueroa Vitela
04/06/2017
GOBIERNO CRIMINAL
Habrá servidores públicos, fans y correligionarios, que exculpen y justifiquen yerros y excesos dentro del aparato gubernamental de temporada, a la luz de “lo que antes se hizo”.
Pueden estarse cobrando “diezmos” del 20 al 35 por ciento a ojos vistos, por cada pago a proveedores y prestadores de servicios del Estado.
Pueden suspenderse la entrega de becas y despensas de los programas sociales destinados a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Puede decretarse el despido del 20 por ciento de los trabajadores del gobierno sin importar área, nivel de importancia e impacto en las familias dejadas sin sustento y la población objetivo de las acciones institucionales que operaban.
Pueden amañar las compras y licitaciones para favorecer a los amigos, socios y cómplices que ofrezcan los mayores dividendos para engrosar las fortunas familiares de la cúpula del poder público doméstico.
Pueden congelarse los pagos, reducir los salarios, cancelar las compensaciones, de funcionarios menores y trabajadores de la administración pública.
Pueden, pues, guardar los presupuestos, inhibir hasta ahogar la economía en general de una entidad eminentemente burocrática como es la sede de los poderes del Estado.
Y pueden hasta presumir de acciones para decretar la transparencia, honestidad, legalidad, preocupación y participación social, mientras las acciones consumadas andan en contrasentido.
Si no hay instancia pública o política que se los demande, inexorablemente les juzgará la historia y su sentencia será implacable.
Lo que hoy más muerde la conciencia y estruja la entraña, es el acto criminal de condenar a una dolorosa agonía y penosa muerte a cientos, sino es que miles de niños tamaulipecos.
El desabasto de medicinas en los hospitales, clínicas y centros de Salud del Estado, por un leonino contrato con la fraudulenta empresa Intercontinental de Medicamentos, ha provocado reclamos por doquier, especialmente entre los pacientes de escasos recursos de enfermedades crónico-degenerativas, cuya desatención agrava su condición inexorablemente, hasta la muerte.
Cada caso es una tragedia, pero hay algunas que sólo de conocerse matan.
No quisiera verlos en sus zapatos, que el mal no se lo deseo a nadie, pero por lo menos quisiera que escucharan y fueran testigos, de la desesperación que arranca el llanto de las madres de los niños enfermos de cáncer, a quienes se han suspendido las quimioterapias, porque no hay medicamentos.
Con todos los cuidados y atención que requieren, sus expectativas de vida son obscuras; sin ello, el dolor y la muerte se hace inminente para las criaturas y en ello va implícito, el dolor eterno de sus seres queridos.
Sí, existen organizaciones civiles altruistas, como la nunca suficientemente ponderada Voluntad Contra el Cáncer, que dedica tiempo, dinero y esfuerzo de particulares para extender una mano amiga, de apoyo a las víctimas de este padecimiento.
Pero sus capacidades son limitadas y la responsabilidad primaria es de la institucionalidad que trabaja -o debería hacerlo-, con un presupuesto público precisamente dispuesto para el efecto.
Vayan, señores del Gobierno, al Hospital Infantil de Tamaulipas, a acompañar el viacrucis de los padres y sus niños con cáncer; luego regresen a los mullidos sillones de sus oficinas, a seguir “clavando” el presupuesto oficial y a sus confortables camas, a ver si pueden dormir y convivir con sus hijos sanos, sin sobresaltos.
La tasa anual de mortalidad infantil por cáncer era de tres por cada 100 mil habitantes.
En una población de 3 millones y medio como la de Tamaulipas habrán sido más de cien; ¿cuántos serán suficientes para que reaccionen estos funcionarios deshumanizados?
