LOS HECHOS

José Inés Figueroa Vitela

05/02/2017

Honestidad y congruencia

El exhorto a los otros poderes y los organismos públicos autónomos para generar ahorros, así como el acuerdo perfilado para que los 43 ayuntamientos apliquen medidas de austeridad y el anunciado impulso a la disminución de las prerrogativas a los partidos políticos, de parte del Ejecutivo del Estado, no quiere decir que éste, de manera unilateral vaya meterle mano a los dineros que a estos corresponden, como algunos pretendieran.
Ciertamente por, y del Gobierno del Estado, pasan y salen recursos fiscales de los más variados orígenes que por ley y derecho corresponden a terceros, dentro del andamiaje público.
Las propuestas para que esos terceros se sumen a lo que el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA anunció como las «Medidas para apoyar a las familias frente a la contingencia económica del 2017» son, o deberán ser, para que cada ente genere sus ahorros y desde su propio entorno abone al objetivo, no para que el Gobierno del Estado «de manera supletoria» les haga la chamba, reteniéndoles los recursos producto de «sus ahorros».
Saldría sobrando la explicación dada la contundencia del marco jurídico, los instrumentos de control y seguimiento federales y las penas aplicables en las instancias jurisdiccionales, pero nunca falta quien gusta de ver «moros con tranchete», a quien haga falta una aclaración.
Las medidas de ahorro hasta por 680 millones de pesos durante este año a partir de eficiente la fiscalización, bajar el diezmo al salario de los funcionarios, correr eventuales y congelar plazas entre la burocracia, reducir el pago de viáticos, convenciones, representación y comunicación social, reducir en un cuarto el parque vehicular y el gasto en combustibles, uso de papel, asesorías, rentas de inmuebles y otros, aluden a acciones propias del Ejecutivo.
Y tales ahorros, puestos al servicio de quienes menos tienen, las enfiló el propio Gobernador a mantener las tarifas del transporte, hacer mercaderías de la canasta básica con descuentos del 25 por ciento, construir y operar comedores comunitarios a donde vaya a comer la gente que no tienen con qué.
Fertilizantes y mejoradores del suelo en campos áridos para que la gente siembre maíz, hortalizas y tenga gallinas ponedoras, con el respectivo apoyo oficial, para el autoconsumo, además de soya y sábila en reconversión de 500 hectáreas de cultivos, complementan la oferta.
Además va a bajarle 25 por ciento el precio a las licencias de conducir que el año pasado incrementaron un 40 y se va a asegurar que donde se justifique el costo-beneficio, los edificios públicos sean sustentables e inteligentes, que generen su energía, limpia, cuiden el agua y reciclen la basura.
Y entre todo, como de inicio le referimos, que de tres, por tres, más tres; que también le entren el gobierno federal y los municipios, que se haga en los tres poderes, y que los organismos públicos autónomos no se queden atrás.
Aunque el pretendido acuerdo dice que es para que el Gobierno del Estado apoye a los que menos tienen en medio de la crisis rampante, insistiremos, eso no quiere decir que le rascará a los presupuestos federales, de las OPDs, los demás poderes o los municipios, para metérselos en su bolsa, de ayuda social.
Cada cuando a su mecate.
Por ejemplo, las prerrogativas oficiales para los partidos políticos se rigen por una ley federal; las participaciones federales y programas específicos para los municipios pasan por el Estado y tienen mezcla de recurso local, pero son inviolables, al igual que los programas de construcción de escuelas o la educación superior.
Las nóminas de los sistemas de educación y salud desde hace unas dos décadas forman parte del presupuesto estatal, pero no corresponden a ingresos propios, sino que en un programa de descentralización se transfirieron de la federación, convirtiéndose en un simple intermediario, sin voz ni voto respecto de origen y destino.
Si despiden trabajadores de educación y salud -como algún funcionario no hace mucho afirmó iban a hacerlo dentro de este plan de austeridad ahora anunciado- lo que le bajen a la nómina no lo van a poder disponer; simplemente dejará de enviarse de la federación.
Entre todos los anuncios hechos por el Ejecutivo con esto de la crisis y la «administración de la miseria», lo más sonoro resultó ser la reivindicación de compromisos hechos al inicio de la gestión, por los que se esperó mucho.
«El Gobierno estatal asume el compromiso ético de ejercer un presupuesto austero, de manera eficiente y eficaz, con absoluta transparencia, sin tolerar acto de corrupción alguno».
Recién se cumplió el plazo para la presentación de la declaración 3 de 3 dada a los funcionarios de la flamante administración estatal.
En su decálogo de inicio habían proclamado: «Cumpliremos con la máxima publicidad en lo relativo a las declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos, para avanzar en la respuesta al hartazgo social ante la corrupción y la impunidad.
Tenemos la obligación de dar certeza a la sociedad sobre nuestros actos, debemos conducirnos con honestidad y responsabilidad”. Fue el compromiso número tres, ya en el cuatro hablaron de «No se tolerarán actos de corrupción, ni diezmos ni cuotas en la contratación de bienes y servicios públicos».
Ejerceremos nuestros cargos  con honradez, sensibilidad política y vocación social. Tenemos la obligación de conducirnos con alto sentido de ética pública en cumplimiento de nuestras responsabilidades administrativas. Todos los que ocupemos un cargo en el Gobierno de Tamaulipas está aceptando alejarse de las prácticas del “diezmo” y la “mochada”.
Que así sea.