LOS HECHOS

José I. Figueroa

10/09/15

¡Se hará justicia!

Cuando MIGUEL ÁNGEL SALMAN ÁLVAREZ dejó el viejo cargo que ejerció por varios sexenios dentro del área de Finanzas del Estado de las propias esferas del poder se corrieron versiones de que “habría cometido algunos excesos en el ejercicio”.
El personaje no sólo rechazó cualquier cuestionamiento a sus oficios dentro del servicio público sino que además demandó al gobierno, ganó el juicio y más tarde regresó nada menos que como Auditor Superior del Estado que hasta ahora ejerce.
Son historias viejas. El presente después lo juzgará la historia.
Más recientemente RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ atacó por las vías su desplazamiento como Magistrado del Tribunal Electoral del Estado en un proceso al que declinó en medio de alguna suerte de reconsideración institucional.
Se incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública en el área jurídica y después algún otro cargo menor recibió hasta que resultó electo y despacha ya como Consejero del Instituto Electoral de Tamaulipas con todas las prerrogativas de antaño.
Otro caso con algunas asimetrías está en ciernes.
ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA concluyó sin contratiempos su ejercicio como Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado pero en plena retirada se desató un escándalo en torno a su ejercicio.
Que si se habría despachado “con la cuchara grande” en el bono de retiro, que si habría beneficiado a su hijo asignándole obras millonarias con el presupuesto del Poder que titulaba, hasta que si le habrían cancelado el fiat notarial “en castigo” por aquello.
El “pago de salida” en realidad fueron los dos años por la misma ley que prescribe su ejercicio profesional por ese periodo más el fondo de ahorro propio; en la obra aquella el rol de su hijo fue una certificación notarial a la empresa ejecutora en su calidad de “adscrito” y la “pérdida del fiat” fue la renuncia en un trámite para ceder la titularidad al consanguíneo.
Hoy VILLANUEVA en efecto aparece entre los candidatos a Magistrado del nuevo Tribunal Electoral del Estado y todo parece indicar que en efecto trascenderá hasta el punto de las designaciones.
De la amplia lista de aspirantes el Senado de la República que ha de votar en breve la integración del cuerpo jurisdiccional el proceso de depuración ya sólo mantiene a 20 de ellos, entre quienes permanece el jurisconsulto.
En esos temas de leyes y jurisprudencias, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la reforma política estatal y las impugnaciones presentadas por partidos opositores todavía habrá mucho por decir aunque la resolución resulte inatacable a la vista de nuestro sistema jurídico.
Regresar al 3 por ciento el porcentaje mínimo de votación para los partidos acceder a espacios de representación proporcional en el Congreso local es una negación en la propia máxima sala jurídica del país que en otras entidades si ratificó el 1.5 por ciento aprobado por la unanimidad de los diputados locales presentes en la sesión local que conoció del caso.
En el mismo paquete la decisión que en el caso de los ayuntamientos sí aplique el 1.5 por ciento para la asignación de regidurías “de partido” abundará en el campo de las “incongruencias” aludidas por los juzgadores.
En ese manejo caprichoso de las leyes de los Magistrados imponiéndose sobre los legisladores y “su espíritu” anidado en la representación popular, las consecuencias más temprano que tarde han de presentarse.