3/08/2015 – Dallas.- Es difícil ser funcionario electo en Texas sin violar la ley; y no me refiero a sobornos. A lo que me refiero es que las reglas de gobierno transparente se han vuelto muy estrictas.
Los concejales municipales, vocales de mesa directiva escolar, comisionados del condado y muchos pueden meterse en problemas si hablan con sus colegas en persona o se escriben entre sí en línea sobre asuntos del gobierno.
Legalmente solo tienen una forma de comunicarse y tomar decisiones, y es en las asambleas anunciadas públicamente.
Fuera de ese ámbito nuestros dirigentes corren el riesgo de ser sorprendidos, tener que pagar una multa y hasta caer en la cárcel. Pero rara vez pasa eso.
No pueden hablar
Los concejales A, B, C y D asisten a la misma iglesia todos los domingos. Después de misa, en el pasillo, se saludan y comentan casualmente en que les gusta el nuevo plan de gasto de la ciudad.
Hablan de hacerle algunos cambios. Quizás su intención sea buena, pero ya están violando la ley.
La superintendente escolar X llama a la mayoría de los vocales de la mesa directiva en su oficina, y les pide que apoyen su postura en algún asunto.
Durante la asamblea pública oficial, donde se va a tomar la votación, no se discute nada y la propuesta se aprueba. El asunto se manejó en privado. Eso es ilegal.
Las reglas son tan estrictas que los funcionarios ahora tienen que separarse en fiestas y picnics. Se ve mal que se sienten todos en la misma mesa.
Pero en ninguna parte están más claras las reglas que en Internet. Digamos que varios concejales le dan “like” al mismo comentario en Facebook.
Si se trata de asuntos de gobierno, eso ya constituye una deliberación.
Están violando la ley si tiene que ver con su jurisdicción.
Recuerde también que todos sus mensajes de e-mail, mensajes de texto y demás notas personales sobre los asuntos del pueblo se pueden leer bajo la ley de archivos abiertos del estado.
No hay privacidad. No se permite lugar secreto alguno para llegar a acuerdos y discutir a escondidas. Ya no es como antes.
Bajo las reglas actuales, uno de los principios rectores es que los funcionarios no pueden evadir el fin de transparencia administrativa. Si lo hacen, un fiscal de distrito debe levantarle cargos. Es posible una multa de hasta $500 además de seis meses de cárcel. Pero eso pasa con la misma frecuencia que el cometa Halley.
El verdadero castigo es la vergüenza pública. La forma de vigilar a nuestros funcionarios públicos es sabiendo en qué andan. Usted puede ayudar en esto.
Agencias