Gaceta

Raúl Terrazas

23/06/15

Protección a productores acto de justicia

La tierra dio punto, centenares de máquinas de la entidad y foráneas se movilizan por los caminos vecinales de las zonas agrícolas para recolectar las cosechas, cuya cuantía se estima en unos tres millones de toneladas, al mismo momento que los productores pactaron el pago de la trilla.
Llegar al punto de la cosecha era hasta el 2010 un factor que emocionaba a los productores, les abría grandes perspectivas económicas y sólo tenían por el comportamiento de los precios internacionales del sorgo, ya que, en cuánto comenzaba a caer grano en las recibas, los precios se iban a la baja.
Frente a ello sólo quedaba un camino, inscribirse ante la SAGARPA para que, a través de ASERCA, se pactara un apoyo oficial que les permitiría recuperar la diferencia entre el precio esperado y el precio obtenido como consecuencia de la voracidad en los mercados internacionales.
Pero, después del 2010, las cosas se complicaron aún más, porque los agricultores debieron de incorporar a su léxico la palabra inseguridad y tratar por todos los medios de ver menguados sus ingresos ante un fenómeno que nada tiene que ver ni con las condiciones del clima ni con labores agrícolas deficientes.
Para fortuna de los productores, la estrategia de seguridad pactada entre el Gobierno del Estado y el de la República, amplió la protección de tal manera que, aquellos asaltos en despoblado que implicaban el hurto del dinero obtenido por el pago de las cosechas, se redujeran de manera paulatina.
Este año y en esta temporada de cosechas de sorgo no es la excepción, la administración del ingeniero Egidio Torre Cantú, tiene pactado con las corporaciones federales un incremento en las acciones de vigilancia para otorgar seguridad a los campesinos desde el punto de recolección de cosechas hasta la entrega en las bodegas y desde luego el pago del sorgo.
Hablar de tres millones de toneladas de sorgo, es hablar de una derrama económica altísima que requiere de un apoyo especial, porque quiérase o no, hay preocupación en los agricultores, la cual se reducirá en la medida que las acciones de la estrategia de seguridad puedan verse en el terreno de los hechos, es decir, a puerta de parcela, de camino vecina, de bodega y de sitios de liquidación.
Esta semana comenzó con una declaración de la subsecretaria General de Gobierno, Guadalupe Flores Valdez, quien, como ex dirigente del sector campesino y productor, sabe a la perfección del momento que viven sus compañeros, al no ignorar que los que ni quisieran cosechar, porque en ese momento quedan en la mira de grupos que se mueven al margen de la ley y, por el dinero que implica la venta de sus cosechas hasta queda en riesgo la integridad de sus familias.
Parte del 2013 y el año pasado la implementación de la estrategia de seguridad generó resultados positivos, porque miles de productores la libraron sin tener que pasar malos ratos debidos a la inseguridad. En este año todos esperan que la vigilancia en las comunidades sorgueras, en los caminos vecinales y en las bodegas receptoras del gran funcione bien, para que, quienes trabajaron por muchos meses para lograr una buena cosecha de sorgo, concluyan con éxito su actividad.
De acuerdo a la información técnica manejada en la Secretaría de Desarrollo Rural que tiene a su cargo Carlos Solís Gómez, las tierras dieron su punto desde la semana pasada, fecha en que las trillas se iniciaron de manera formal y que, los compradores hicieron su aparición para conocer la calidad del sorgo producido en Tamaulipas.
Desde hace dos años, quienes también demandaron el apoyo para evitar problemas por su actividad, fueron los propietarios de la maquinaria usada para levantar las cosechas de sorgo, es decir, los trilladores, incluso, hasta pidieron garantías extras para poder participar en la trilla ya que, los costos de operación son altos y como empresas no resisten la posibilidad de ser blanco de personas que se manejan al margen de la ley.

Los otros
Ya quedó, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, dio el sí a la propuesta llegada del Ejecutivo del Estado para que, los abogados Jesús Miguel Gracia Riestra, Javier Valdez Perales, Alberto Sánchez Salazar y Mariana Rodríguez Mier y Terán, se conviertan en Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y puedan sustituir a los cuatro titulares de salas y de la presidencia del Poder Judicial que terminan su período en esos cargos.
Este último es el magistrado Armando Villanueva Mendoza, quien sustituyó hace tres años al abogado Alejandro Etienne Llano en ese encargo.
Salen además los magistrados Arturo Baltazar Calderón, quien es titular de la Cuarta Sala Penal y Laura Luna Tristán responsable de la Séptima Sala de lo Familiar.
Los Magistrados que se quedan porque están dentro de tiempo son José Guadalupe Herrera Bustamante de la Primera Sala Civil Familiar; Manuel Ceballos Jiménez de la Segunda Sala Penal; Hernán de la Garza Tamez de la Tercera Sala Civil Familiar y el inamovible Bibiano Ruiz Polanco, que despacha como titular de la Quinta Sala Civil Familiar.
Se queda Raúl Morales Cadena, de la Sexta Sala Penal, quien, junto con el magistrado De la Garza Tamez, son de los recién llegados al Poder Judicial de Tamaulipas, lo mismo que el licenciado Egidio Torre Gómez, quien tiene a su cargo la Novena Sala de lo Familiar y está en ciernes la salida de la magistrada Blanca Amalia Cano Garza, titular de la Octava Sala de lo Familiar, debido a que, ya cumplió la edad estatutaria para el desempeño de su cargo.
Los nuevos magistrados, que deben ser confirmados por el Congreso del Estado, deberán comenzar su gestión después de la primera semana del mes de julio venidero.
Luego de pasar el filtro de la Comisión de Justicia que tiene a su cargo el diputado Ricardo Rodríguez Martínez y en la que participan los diputados Rogelio Ortiz Mar, Francisco Elizondo Salazar y Rigoberto Garza Faz, el dictamen con el nombre de los nuevos magistrados deberá pasar por la sesión del Pleno Legislativo.
En la sesión de la Comisión Legislativa estuvieron además las diputadas Blanca Valles Rodríguez y Guillermina Rivera Velázquez.
Por cierto este inicio de semana el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Ramiro Ramos Salinas, hizo un comentario en el sentido de que los reglamentos internos del Poder Legislativo se adecuarán para dar paso al establecimiento del servicio civil de carrera, que servirá para la profesionalización del personal que trabaja en las diferentes áreas.
Habló además de la posible autorización al Ayuntamiento de Tampico para que se endeude con un crédito que destinará a la construcción de un nuevo mercado municipal, al parecer por 130 millones de pesos, aunque la información que hay en los medios del Puerto Jaibo, dan cuenta de que se trata de un empréstito por más de 500 millones de pesos, mismos que si se pueden pagar, porque hay la suficiente capacidad de amortización.
Gustavo Torres Salinas, alcalde de Tampico, es quien promueve el financiamiento requerido para la de ya, por lo que solicita el respaldo del Congreso del Estado, ya que, si no se concreta la autorización en estos días, las obras que se pretenden llevar a cabo, no saldrían para cuando el edil termine su gestión.