GACETA

Raúl Terrazas Barraza

06/08/2017

Justicia penal acusatoria, gatea, pero andará
A un año de que se echó a andar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, hay una serie de opiniones que derivan en la necesidad de fortalecerlo, a partir de los planteamientos como la existencia de lagunas jurídicas que cuando se preparaba el escenario para su instauración no se alcanzaban a ver, como la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencia grave como el robo de hidrocarburos y la portación o acopio de armas.
La experiencia del primer año de trabajo, hace ver que el rol de la policía investigadora es más relevante de lo esperado, porque a partir de su intervención se genera la carpeta de hechos.
En el Senado de la República se maneja mucha información sobre el impacto en el primer año del Sistema de Justicia penal acusatoria y se defiende su ejercicio, porque representa un avance sin precedentes en la aplicación de la justicia, sin embargo, están de acuerdo en la realización de foros que lleven a fortalecer el sistema, no a desestimarlo.
En Tamaulipas, poco se habla de los resultados que se tienen en el primer año de trabajo con este esquema de justicia, sin embargo, hace unos días, el abogado general del Estado, Abelardo Perales Meléndez, hizo ver que la preparación de los actores del nuevo sistema, es lo básico, ya que, si no la hay, sobrevienen las fallas.
Queda claro que, como todo proceso nuevo, requiere de un tiempo de acoplamiento, porque no todo son fallas ni errores, de ahí que la capacitación de todos los actores del proceso es clave, Ministerios Públicos, Abogados, Policías y Defensores de Oficio.
A la par con el sistema de justicia penal acusatorio, en las entidades deben de funcionar las estrategias de prevención del delito, ya que mientras eso no suceda, la cantidad de casos que deban de atenderse puede rebasar la capacidad de resoluciones del sistema establecido en las entidades del país, sobre todo, cuando operar el sistema de justicia penal, implica recursos que no pudieron planearse de manera adecuada.
Será en este año, cuando los Estados de la República trabajen en la presupuestación del siguiente ejercicio, cuando las anotaciones relativas a la inversión que requiere el sistema se traduzcan en recursos y que, en el siguiente año los resultados sean mejores.
Hay opiniones de académicos en el sentido de que, en el actual sistema de penal acusatorio cobra relevancia la denuncia, porque se viene de un sistema penal en el que se era culpable hasta demostrar lo contrario y ahora, lo que se busca es garantizar la inocencia de aquellos que pudieran ser susceptibles de la responsabilidad de la comisión de un delito, en función de los derechos civiles y humanos que tienen como ciudadanos.
La apuesta por el Sistema penal acusatorio está dada, de ahí que los Senadores de las diferentes corrientes políticas sí respalden la obtención de más información que sirva para fortalecer el esquema de justicia y creemos que será crucial la intervención de los representantes de cada estado de la nación, para que pongan sobre la mesa cada punto que implica dificultades en el funcionamiento del sistema de justicia penal.
Obvio, si la adopción del sistema fue la mejor alternativa, ahora es preciso demostrar a la sociedad, que, bajo ninguna circunstancia, es el causante de que haya más delincuencias, como en algunas entidades del país se ha señalado.
Una cosa es trabajar sobre los casos cuando se llega al delito y otra muy diferente evitarlos, por lo tanto, el otro extremo debe de funcionar todavía mejor, el de la prevención, por lo tanto, es fundamental que el Gobierno de la República y las entidades federativas revisen la parte preventiva, para que pueda hablarse de que se evita su proliferación o mejor aún de su contención con medidas que involucran hasta a la sociedad.
Estudiosos del derecho están ciertos de que el sistema penal acusatorio podrá tomar el cauce que necesita con el correr del tiempo y con una gran preparación de todos los actores y recursos suficientes para que haya todo lo indispensable, por tanto, en el primer año de ejercicio habrá situaciones que se consideren obstáculos, pero, en realidad, es como el inicio de la vida, primero se gatea y luego se aprende a andar.
En estos primeros años es cuando requiere el apoyo de todos, incluida la sociedad que denuncia y que debe de prevenir el delito, de los funcionarios y de los Legisladores que pueden aquilatar las observaciones y propiciar correcciones en las Leyes para hacer más operativas las acciones.
Los ciudadanos tienen que conocer el catálogo de delitos que se consideran graves para que se le pueda dictar prisión preventiva a una persona, mismos que señala el Artículo 19 Constitucional y que deben ser dictada por el Juez de la causa.
Hay otro punto delicado en este asunto y se refiere a la revisión de expedientes que pudieran solicitar quienes ya se encuentran en prisión, tema que fue puesto sobre la mesa en la CONAGO, con la idea de que el Congreso de la Unión intervenga para evitar que se abran espacios en la Ley que propicien este tipo de situaciones.
Es a partir de las incongruencias encontrada por los mandatarios estatales, que el tema del reforzamiento del sistema de justicia penal acusatorio, se escucha en los pasillos de las Cámaras Legislativas y que, en la realización de los foros de discusión tiene que acudir representantes de las entidades federativas, porque es a ese nivel donde existe preocupación por el abuso que pudiera hacerse del sistema.
Los Gobernadores suscribirían una carta pública a través de la cual urgen al Congreso de la Unión para que, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a los criminales que sigan su proceso en libertad, se revise, ya que, desde su perspectiva, es un defecto del nuevo sistema penal.
De que se tiene que avanzar, sí, de que no puede ser a base de acciones que a partir de la lógica y de la ética profesional son impropia, no, aunque lo elemental es que el nuevo sistema opera y tiene que adecuarse a la realidad civil, social, profesional y legal.