Gaceta

Raúl Terrazas

01/07/17

El difícil terreno de la anticorrupción

Hay muchas cosas que el recién designado fiscal anticorrupción de Tamaulipas debe tener sobre su escritorio, para que día a día, cuando comience su jornada laboral, vaya en la búsqueda de resultados que los ciudadanos puedan identificar o mejor dicho percibir.
Mejor esto último, porque la lucha que el abogado Javier Castro Ormaechea lleve cabo, más que ir sobre casos y cantidades producto de la corrupción, tiene que aportar datos que cambien la percepción que los ciudadanos tienen del llamado flagelo de la administración pública.
Un informe de Transparencia Internacional elaborado a fines del año pasado, indica que México ha pasado de los 34 puntos en 2012 a los 30 en 2016, aunque hubo dos años, el 2014 y 2015 en los que, el índice de corrupción bajó un punto, respecto al 2012 y 2013. Lo grave, es que, se desplomó cinco puntos del 2015 al 2016.
Esto es percepción de los ciudadanos, quienes de una y mil formas gritan su coraje cada vez que un acto de corrupción es exhibido a través de cualquier medio.
Cuando los políticos en sus campañas van al pueblo, además e la inseguridad, la otra gran demanda es que actúen de verdad para echar abajo la corrupción, máxime si la percepción es que está muy ligada a la impunidad, porque de aquello que nadie se entera jamás es de la aplicación de castigos a quienes caen desfavorable elemento.
Los casos de los ex gobernadores de varias entidades del país, son los que más condena la sociedad mexicana y cuando se trata de anuncios en los que se avisa sobre la detención de algunos de ellos, como Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, siempre los comentarios de las personas van en el sentido de que no le harán nada y que, en menos que canta un gallo estará fuera de las manos de la justicia.
Cualquiera de los 21 abogados que buscaron el respaldo del Congreso del Estado para la nominación como fiscal anticorrupción, sabe y entiende la magnitud del problema, debido entre otras cosas al impacto político que tiene, porque si no lo castigan las autoridades, el pueblo lo hace en las urnas.
Por sí no lo creemos, sí hay países con ausencia de corrupción o mejor dicho que sus niveles son bajo o imperceptibles, Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania, Portugal, Austria, San Marino, Mónaco e Inglaterra.
Hay un poco más de corrupción que en los anteriores países, en Estados Unidos, Chile, Uruguay, Irlanda, Keland, Bostwana, Australia, Francia, España y Japón.
Estos datos, son de Transparencia Internacional y desde luego, del dominio público, porque es de ahí de dónde se toma la información sobre los altos índices de corrupción de nuestro país, segmento en el que se ubica también a Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Ucrania, Irán, Pakistán y Rusia.
A lo mejor andamos muy lejos, pero, hay que ubicar las cosas, para que, los responsables de castigar a los corruptos, se den cuenta que los ciudadanos de la entidad tienen la esperanza puesta en ellos y que, sus resultados no tienen que ser de papel, deben de sentirse entre la población, porque de otra forma la percepción seguirá igual y no sería justo, porque uno de los grandes compromisos del Sistema Estatal Anticorrupción será quitar ese mal sabor de boca de los hoy ciudadanos y mañana electores.
Como todas las cosas, la corrupción tiene un costo y quizá a ello se daba la mala percepción que hay desde siempre.
En el año dos mil, cuándo ya era un problema según un estudio del INEGI, denominado Corrupción, una revisión conceptual y metodológica, en el año dos mil ese flagelo de la administración costaba 672 mil millones de pesos, para el año dos mil seis ya era de un billón 90 mil millones de pesos y en el 2012 creció hasta un billón 620 mil millones de pesos y al año pasado, la cifra estimada en el estudio de cuánto cuesta la corrupción, es de dos billones 73 mil millones de pesos.
Los pesos y centavos tienen que ser la razón más poderosa por lo que, los mexicanos perciben mal este asunto y lo que quieren son resultados a partir de las nuevas leyes generadas en el país y en las entidades federativas.
El fiscal Castro Ormaechea, está obligado a pasar de las palabras a los hechos, porque es el lado de la justicia el que más débil se ha visto en el combate a la corrupción y, es la creación del Sistema Estatal Anticorrupción algo así como la mejor carta para responder a los reclamos ciudadanos y, por demás está decir que todo mundo espera buenos resultados del sistema, para que, además del impacto negativo en la economía que debe de superarse, también suceda en los niveles de credibilidad de la clase política y las instituciones en las que se desempeñan.
En el difícil terreno de la anticorrupción, hay que tener muy presentes las palabras que le dijo el periodista don Guadalupe Díaz Jr., al licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, cuándo éste andaba de candidato a la presidencia de la República, “tenga usted presente que detrás de cada corrupto hay un corruptor y ambos deben de ser castigados».
Trasladado a muchos años de distancia, deberíamos de pensar que una de las primeras cosas que los de anticorrupción deben de investigar con el corrupto, es, quien lo corrompió.

Los otros
En la Secretaría de Desarrollo Rural, hablan de que tendrán clemencia con los que fueron colaboradores cercanos del ex secretario, Gonzalo Alemán Migliolo y que, podrían dejarlos en la misma dependencia, aunque en áreas diferentes.
El viernes quedó instalada la Diputación Permanente del Congreso del Estado que estará atenta a todos los asuntos que pasen durante los próximos tres meses ya que, el siguiente período ordinario de sesiones se abrirá el uno de octubre.
Cualquier día que se acuda al Edificio Legislativo, debe de encontrarse por ahí a los diputados Carlos García González, Alejandro Etienne Llano y Humberto Rangel Vallejo, porque son los de la directiva.
Pero además, a la diputada Beda Gerardo Hernández y a los diputados, Ángel Romeo Garza Rodríguez, Víctor Meraz Padrón y Rafael González Benavides, que tienen cargos como vocales en la Diputación Permanente.