Estos son los abogados privados de ‘El Chapo’

19/12/18.-  Los abogados de Guzmán se hallan en una situación difícil. No sólo porque probar la inocencia de su cliente es una tarea titánica, sino porque a los pocos meses de su extradición en enero de 2017 El Chapo decidió declinar al defensor de oficio, al cual tiene derecho de manera gratuita, y contratar en vez a un equipo, cuyos integrantes corren el riesgo, en el mejor de los casos, de que no les paguen los cinco millones de dólares estimados en el costo de su defensa: si Guzmán es condenado y, por ende, su fortuna declarada ilícita, el dinero que los defensores reciban puede ser confiscado.

No por eso deja el acusado de deberles, pero a ver quién es el ‘machito’ que se le ponga bravo a Joaquín Guzmán para cobrarle una deuda.

La pena mínima por los crímenes que se le imputan a El Chapo es cadena perpetua. La evidencia en manos de los fiscales viene de décadas atrás, y se compone de transacciones bancarias, fotos de propiedades y laboratorios, testimonios de cerca de 130 personas —ex colaboradores o testigos presenciales—, videos y llamadas interceptadas; en la última que escuchó el jurado El Chapo negocia un cargamento de coca con un comandante de las FARC, pidiéndolo a 2 mil dólares el kilo en vez de a los 2 mil 100 que ofrecía el guerrillero.

Ante las adversidades, el equipo de la defensa parece haberse encomendado a un poder peculiar: en sus oficinas de la corte había, sobre una repisa, una pequeña estatua de Jesús Malverde, sentado sobre un trono púrpura y cubierto de dinero. Apareció allí de repente, el primer día del juicio; el día cuando Jesús Zambada comenzó a dar su espinoso testimonio.

A esas pequeñas oficinas, adjuntas a la sala de la corte, sólo entran los abogados defensores y Emma Coronel.

Una o dos semanas después la estatua “desapareció”. Esta y otras historias similares hacen las delicias de los reporteros novatos, de sus lectores y de quien las despacha ante el cautivado público: Ángel Eduardo Balarezo, unos de los abogados tutelares de El Chapo que la semana pasada fue amonestado por el juez Cogan cuando tuiteó una grabación de “Un puño de tierra” justo cuando declaraba Miguel Ángel Martínez, testigo protegido a quien Guzmán llevó esa canción de serenata nocturna por ocho horas seguidas antes de bombardear su celda.

Balarezo, ecuatoriano basado en Washington, se unió a la defensa tarde, apenas a fines de septiembre, y no es ningún novato en cuanto a los códigos del crimen organizado. Antes de sumarse al equipo de El Chapo fungió esta primavera como defensor del hoy rival empedernido de Guzmán, Alfredo Beltrán Leyva, quien el pasado abril fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua y obligado a entregar 529 millones de dólares.

En 2009 Balarezo formó parte de la defensa de Zhenli Ye Gon, importador desde China de efedrinas y otros precursores para surtir los laboratorios michoacanos productores de tachas destinadas al mercado gringo, y lavador del dinero resultante: en 2007 la policía mexicana encontró en su casa 200 millones de dólares en efectivo.

La defensa argumentó que Ye Gon era un honesto hombre de negocios que había sido señalado por la policía mexicana sólo por tener rasgos distintos. Cuando el juez le preguntó a Balarezo sobre el origen y estatus actual del botín dijo que los 200 millones habían sido gastados por el gobierno de México, que ya no estaban. Como la estatua de Malverde.

Otro abogado con experiencia en el ramo es William Purpura, oriundo de Baltimore, quien desde antes de comenzar el juicio peregrinaba semanalmente a la celda de El Chapo, sin permitirle siquiera saludarlo de mano; los únicos otros visitantes esporádicos del sinaloense son sus hijas de siete años.

Ni siquiera su esposa puede llegar a esa habitación de menos de tres por tres metros donde pasa 23 horas diarias en solitario, con la única pequeña ventana tapada, sin reloj y con un foco prendido día y noche.

Purpura comenzó defendiendo narcotraficantes, asesinos y estafadores locales, y políticos y policías corruptos. No destacó académicamente y no le apura no ser socio de las tradicionales barras de abogados.

Sus limitaciones las compensa con una disciplina férrea, y por eso Balarezo lo ha usado, desde 2006, como asesor o socio cuando sus clientes contemplan la posibilidad de la pena de muerte: su primer caso juntos fue el de un menor acusado de asesinato y de vender polvo de ángel en los suburbios de Washington que fue absuelto de sus cargos mayores. Si bien el gobierno mexicano exigió como requisito para la extradición de El Chapo quitar la pena capital de la mesa, la futura calidad de vida del sinaloense en prisión depende de la severidad de su sentencia.

El siguiente caso de Balarezo fue el de un colombiano que gestionaba pagos por cargamentos de coca, y a raíz de eso su nombre se hizo famoso entre los cárteles.

Lavado de dinero, narcotráfico, asesinato y crimen organizado comenzaron a ocupar la mayor parte de sus cartera de clientes, y la experiencia de Purpura en ese tipo de delitos hizo que pronto formaran equipo, llegando a defender ambos a Alfredo Beltrán Leyva, quien recibió cadena perpetua. Acercándose la fecha de su juicio, El Chapo quiso conocer a los abogados del Mochomo, y éstos no le prometieron la libertad, sino trabajar por lograr la condena menos severa posible.

Jeffrey Lichtman, contratado por Guzmán este agosto pasado y quien hace 13 años defendió exitosamente al hijo del capo de la mafia de la familia Gambino, John A. Gotti: la defensa consiguió para el mafioso la nulidad de uno de sus juicios y el desistimiento en varios de los principales cargos —fraude y asesinato—, causándole el apodo del Don de Teflón, porque no había acusación que pegara.

Lichtman conoció a Gotti una década antes de convertirse en su abogado, cuando formó parte del equipo que defendió a su padre y también capo, John J. Gotti, en 1992, cuando éste fue condenado a prisión perpetua. Gotti padre, igual que el hijo, se había librado hasta entonces de la cárcel pese a sus notorios crímenes; en su último juicio de 1992 se descubrió que parte de ese éxito se debía a la sistemática intimidación del jurado y de los testigos.

Agencias