H.MATAMOROS, TAMPS., 26 de Diciembre de 2024
16/05/2018 – Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Pablo Zárate Juárez, ex funcionario del Gobierno de Tomás Yarrington Ruvalcaba, detenido el fin de semana en Matamoros, tiene una orden de arresto pendiente en Estados Unidos de América, por lo que se espera que termine siendo extraditado al vecino País del norte.
En aquel País, Zárate enfrentaría una pena máxima de 50 años en una prisión federal, así como una multa de al menos 1.5 millones de dólares.
Desde el 12 de marzo de 2015, según la información de la División Corpus Christi de la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Texas, el ex Director del entonces Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización (ITAVU), fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude bancario, y de otros dos cargos de fraude bancario.
Ese día (12 de marzo de 2015), el fiscal federal Kenneth Magidson aseguró que la acusación penal era “resultado de los esfuerzos de una investigación de varias agencias del Grupo de Trabajo Contra el Narcotráfico Organizado (OCDETF)”.
En la misma, se explica que existe además una demanda civil con el propósito de decomisarle a Zárate un Avión Pilatus modelo 2005, con número N679PE, y con valor estimado en 2 millones de dólares, cuyo propietario real, de acuerdo a los estadounidenses, sería el ex gobernador Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, preso en la Unión Americana desde el 20 de abril pasado, cuando fue extraditado desde Italia.
“En el caso civil, se alega que Yarrington es el verdadero propietario y que compró el avión a través de varios compradores de paja, en un complejo plan de lavado de dinero”, se explica en la acusación penal.
“Se alega que el producto blanqueado incluyó dinero de Cárteles de la droga”, se agrega.
“Los agentes especiales de HSI (Homeland Security Investigations. Investigaciones de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) a menudo investigan esquemas financieros complejos para desarticular y desmantelar las operaciones en curso, de presuntas organizaciones criminales trasnacionales”, dijo en ese marzo de 2015 la agente especial a cargo, Janice Ayala, de Investigaciones de Seguridad Nacional, San Antonio.
“Estas investigaciones pueden privar a las organizaciones de disfrutar los frutos de estas ganancias ilícitas y evitar que promuevan la empresa criminal en curso”.
“HSI continuará investigando agresivamente los esquemas financieros fraudulentos que ponen en riesgo la integridad de nuestro sistema financiero (de EUA)”, añadió.
También se advierte que si Pablo Zárate Juárez es declarado culpable de lavado de dinero, enfrentaría una pena de hasta 20 años en una prisión federal y una posible multa de 500 mil dólares, o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados en las transacciones, o ambos.
Por cuanto hace al delito de fraude bancario, Zárate podría alcanzar una pena adicional de hasta 30 años en una prisión federal, así como una multa de 1 millón de dólares.
Hace poco más de tres años, cuando se difundió la acusación penal estadounidense, el Departamento de Justicia alertaba que “Zárate no está bajo custodia de los Estados Unidos y una orden de arresto sigue pendiente”.
“Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero, que se comunique a Investigaciones de Seguridad Nacional al 956-542-5811. Las personas que llamen desde México deben marcar al 001-800-010-5237”.
Se dijo que la investigación de la OCDETF que condujo a la acusación formal, se llevó a cabo en McAllen, San Antonio, Brownsville, Houston, Laredo y Corpus Christi, Texas, y participaron agencias como HSI, FBI, IRS, DEA y CIS.
Zárate fue detenido el sábado 12 de mayo en Matamoros, luego de que un Juez Penal obsequió la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción, por el delito de peculado.
Se espera que vía nota diplomática, Estados Unidos inicie las gestiones con México para extraditar al ex funcionario tamaulipeco a la Unión Americana.
Agencias
