Ángel A. Guerra
27/10/16
22 ex alcaldes, “en capilla”
Con un cuerpo de fiscales especializado en la persecución de delitos patrimoniales, antisecuestros y actividades ilícitas en el ejercicio de las responsabilidades públicas, el Procurador IRVING BARRIOS MOJICA actuará en auxilio del Congreso local -en caso de que el Poder Legislativo lo solicite-, para que por lo menos 22 ex alcaldes respondan por presuntos actos de corrupción en sus gestiones.
O, por lo menos, que aclaren una serie de dudas que les encontró la flamante Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la LXIII Legislatura, a cargo del diputado sureño JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA.
En efecto, al mismo tiempo que el Congreso local dio a conocer la distribución de comisiones de ese cuerpo colegiado -en la cual el PAN le recetó al PRI una cucharada de su propia medicina, al dejarle el puro ‘chiquitiaje’-, el procurador BARRIOS MOJICA anunció la designación de sus colaboradores de primer nivel, que resultaron ser abogados experimentados en la persecución de delitos del fuero federal, pero particularmente en la indagatoria de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.
Como es el caso del director general de la Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia, VÍCTOR MIGUEL GUERRA ENRÍQUEZ, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, por citar un caso.
Al mismo tiempo, decimos, el flamante presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, anticipó que la Auditoría Superior del Estado hará investigaciones y sanciones “sin línea política”, contra alcaldes que dejaron sin información oficial a los municipios y que, por lo tanto, dejaron inconclusos los procesos de entrega-recepción.
En esa circunstancia, dijo, se encuentra los anteriores ayuntamientos de ciudad Madero, Altamira, Antiguo Morelos, Güémez, González, Gómez Farías, Casas, Bustamante, Burgos, Guerrero, Díaz Ordaz, Hidalgo, Mainero, Mante, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, Reynosa, y Villagrán, donde intervendrá el auditor superior del Estado.
En caso de encontrar irregularidades en el ejercicio presupuestal, los casos podrían ser turnados a la Procuraduría General de Justicia, donde un cuerpo de fiscales especializados profundizará las indagatorias.
Por cierto, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, la Sexagésima Tercera Legislatura realizó dos exhortos, uno dirigido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en relación a la autorización de recursos para el año 2017 y otro a la Secretaría de Gobernación, a fin que se garantice el ingreso tránsito y salida de los connacionales.
En su sesión de esta semana, el Pleno Legislativo, exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que analice y reconsidere dentro de sus facultades, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de que se autoricen recursos por un monto igual o superior al año 2016, respecto a los asignados al Ramo 11 de Educación Pública.
Los legisladores locales, también exhortaron a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, autoridades federales, estatales y municipales a que de manera coordinada, garanticen el ingreso, tránsito y salida de los connacionales, con absoluto respeto a los derechos humanos establecidos en el Programa Paisano.
El diputado ROGELIO ARELLANO BANDA, refirió que el Programa Paisano es permanente, pero indiscutiblemente se deben redoblar esfuerzos mediante la realización de tres operativos especiales en los periodos de Semana Santa y el actual de Verano-Invierno, que son de mayor afluencia de connacionales al país y en los cuales las dependencias intensifican labores de atención, supervisión, observación, orientación y asistencia.
Concatenando temas, el Congreso del Estado, recibió dos Iniciativas, una que busca exhortar a la delegación de Tamaulipas, de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, para que se brinde un trato digno a las personas integradas en el Programa Pensión para Adultos Mayores, además otra que promueve la creación de la Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
La diputada JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, hizo uso de la máxima tribuna, con el fin de presentar la Iniciativa, por la que se exhorta a la delegación estatal, de la SEDESOL federal, para que dentro de la ejecución del Programa Pensión para Adultos Mayores, contemple las gestiones y acciones necesarias para brindar un mejor trato a los beneficiarios.
La acción legislativa, se turnó a la Comisión de Gobernación, que preside el legislador JESÚS MA. MORENO IBARRA, quien junto con los demás integrantes de este órgano legislativo, analizará y dictaminarán dicho asunto.
Por hoy es todo, nos leemos mañana.