Emite diócesis postura sobre la Acción Diferida
Agencias. 25/02/15.- La decisión del juez federal Andrew Hanen, de Brownsville, de suspender temporalmente la extensión del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), órdenes ejecutivas adoptadas por el presidente Barack Obama el pasado mes de noviembre, sorprendió a millones de inmigrantes indocumentados que estaban listos para beneficiarse del alivio migratorio.
La suspensión
El argumento legal fue que no se cumplieron con todas las exigencias requeridas por la ley federal, por lo que se apelará la decisión, con lo cual se inicia una batalla legal que podría durar meses. Esta medida provocó frustración no sólo entre los cinco millones de inmigrantes indocumentados beneficiados, sino también entre las organizaciones pro-inmigrantes, así como en la Iglesia católica, quienes siempre han mostrado su preocupación por la situación de once millones de indocumentados que viven en el país.
Postura de la Iglesia local
Al respecto, el obispo Daniel E. Flores, de la diócesis católica de Brownsville, explicó que desafortunadamente este proceso se ha alargado mucho, ya sea por causa de la orden ejecutiva que emitió el presidente o por la decisión del juez, pero mientras sucede todo ese proceso, las familias afectadas siguen clamando justicia. “Lo que necesitamos es que el congreso y el presidente cambien la ley, porque la decisión del juez afecta a cierta parte de la población inmigrante, pero todavía necesitamos una reforma completa para poder buscar la justicia y la misericordia para esas familias que ya por tantos años la han esperado”, indicó el obispo. “Este tema está tan lleno de política que nos falta la capacidad de ver cómo buscar cambios en la ley que nos lleven a encontrar la justicia en nuestro país”. “El país necesita justicia para los inmigrantes también, porque ellos están trabajando pero no cuentan con la protección de la ley, o llegan hasta aquí por el miedo a la violencia en sus países de origen y no la encuentran”.
Impaciencia
“Para nosotros como Iglesia, es una cuestión fundamental de justicia y de la dignidad humana; el sistema de leyes en los Estados Unidos tiene que reconocer estas realidades muy fundamentales de la condición humana y el respeto que se debe a estas personas, por lo que ya es tiempo que se haga algo”, aseveró el obispo Flores. “La Iglesia reconoce que se tiene que llevar a cabo un proceso en la corte y todo lo que conlleva, pero ya hemos esperado por muchos años un cambio en la ley del congreso de ambos partidos, por lo que sentimos impaciencia, tanto nosotros como las familias, para que se encuentre una pronta solución”. El obispo hizo un llamado a las familias para que no pierdan la esperanza, que hay que seguir luchando y abogando a favor de una reforma, que recuerden que Dios está al cuidado de los pobres y que se tiene que mantener esa esperanza de luchar para tener algo mejor. “Yo sí creo que algo se va a hacer, pero necesitamos algo completo, un cambio de la ley que pueda, sobre todo, proteger a las familias afectadas”. Al discutir sobre las posibles cláusulas a las que las órdenes ejecutivas estarán sujetas, como la de excluir a las personas que han violado la ley, el obispo afirmó que los políticos no deben de juzgar.
