H.MATAMOROS, TAMPS., 27 de Enero de 2025
Nueva York,22/12/16.- La temporada navideña no ofrece tregua a la retórica del presidente electo que sigue angustiando a comunidades inmigrantes y musulmanas, y reclutando a más multimillonarios y figuras derechistas a su gobierno en formación, aunque a la vez hay diversos esfuerzos para preparar una magna resistencia a su próximo mandato.
Usando al atentado en Berlín, Donald Trump pareció indicar -hay una carencia de detalles sobre todas sus propuestas hasta la fecha- que su propuesta de prohibir el ingreso y/o establecer un registro de musulmanes.
“Ustedes conocen mis planes…. Siempre se ha comprobado que tengo razón. Cien por ciento correcto”, comentó a medios este martes al ser preguntado sobre el ataque contra un mercado navideño ocurrido el lunes y ahora considerado como un atentado terrorista por las autoridades.
De hecho, este jueves se confirmó que el gobierno saliente de Barack Obama está desmantelando un sistema de vigilancia creado después del 11-S para monitorear a árabes y musulmanes en Estados Unidos en un intento de prevenir que el gobierno entrante de Trump lo use para establecer un “registro” de musulmanes en el país.
El Departamento de Seguridad Interna anunció este jueves que estaba procediendo con deshacer el sistema conocido como NSEERS creado por el gobierno de George W. Bush como parte de una serie de medidas “anti-terroristas” después de los atentados en 2001. Más de 80 mil personas que habían llegado de unos 25 países con poblaciones mayoritarias musulmanes o árabes fueron obligados a registrar sus huellas digitales, fotografiarse y a veces presentarse ante autoridades.
Sin embargo, ni uno sólo de estos individuos fue llevado a juicio y condenando por alguna relación con actividades “terroristas”.
El programa, el cual fue diseñado después de redadas y encarcelamiento de miles de personas en comunidades árabes en esta y otras ciudades del país, fue repudiado por organizaciones de derechos y libertades civiles, y llevó a que unos 13 mil de los “registrados” fueran puestos en procesos de deportación.
La decisión de desmantelarlo por completo es en parte respuesta a intensa presión de agrupaciones de derechos humanos y civiles a Obama para hacer todo lo posible para evitar que Trump use este y otros programas para su intención declarada de establecer un “registro musulman” en el país.
A la vez, en un ámbito parecido, defensores de derechos de inmigrantes y de libertades civiles están instando al gobierno federal como a gobiernos locales a destruir información sobre inmigrantes indocumentados para que no puedan ser utilizados por un gobierno de Trump en posibles intentos de promover deportaciones masivas. Cunde preocupación de que los llamados dreamers que se registraron para obtener una legalización temporaria ahora podrían ser perseguidos por el nuevo gobierno ya que tienen sus datos sobre dónde están y qué hacen.
En algunas ciudades como Nueva York se ofrecieron credenciales de identificación a indocumentados para gozar de acceso y servicios públicos, pero ahora se teme que esos datos también podrían ser empleados para lo opuesto si el gobierno federal solicita la información.
Mientras Trump decide que hacer en torno a su política migratoria, se reveló que Trump Vineyard Estates, cuyo dueño es el hijo del presidente electo, Eric Trump, solicitó a seis trabajadores este mes del programa H-2 de trabajadores huésped, reportó Buzzfeed.
Incluyendo esta última solicitud, empresas de Trump o que tienen su nombre han solicitado del Departamento de Trabajo permisos para contratar por lo menos 263 trabajadores huésped extranjeros desde que lanzó su campaña presidencial -muchos trabajan es su mansión en Mar-a-Lago.
A la vez, Trump continúa nombrando a integrantes de su gobierno, seleccionando este juevs a Sean Spicer, director de comunicaciones de l Comité Nacional Republicano, como su secretario de prensa, entre otros para el equipo de comunicaciones de presidencia, y como consejera al presidente a Kellyanne Conway, quien manejo su campaña en la recta final y una de sus representantes mas visible.
A la vez nombró a Carl Icahn, otro multimillonario (Forbes calcula su fortuna personal en 16.5 mil millones de dólares), a su equipo de transición presidencial encargado de asesorar al presidente electo sobre regulaciones gubernamentales.
No sorprende que Icahn es un feroz crítico de regulaciones sobre empresas, sobre todo las ambientales (tiene intereses en refinadoras entre otras cosas). Muchos recuerdan de cómo tomó control de la vieja línea aérea TWA sólo para exprimirla, buscar romper el sindicato y finalmente llevarla, y sus miles de empleos, a la tumba.
Faltan nombrar sólo tres secretarios más, de Asuntos Veteranos, de Agricultura y Representante de Comercio de Estados Unidos (puesto encargado de negociar tratados de libre comercio, entre otras cosas). Trump continuará evaluando estos y otros puestos de alto nivel en su mansión Mar-a-Lago en Florida donde aparentemente pasará Navidad.
Cada nombramiento y pronunciamiento ambiguo pero amenazante del presidente electo continúa generando angustia entre sindicalistas, inmigrantes, la comunidad musulmana, las minorías, ambientalistas, la comunidad gay, las mujeres y defensores de libertades civiles, entre otros.
Cada de estos sectores está realizando consultas entre sus filas y aliados, algunos ya están organizando expresiones de protesta para los días de la inauguración presidencial en Washington, mientras otros se preparan para una larga lucha.
Otros pronostican -más bien esperan- que el presidente electo de alguna manera se ausente del escenario. “Él no va a durar, tiene demasiados conflictos de interés y otros problemas de manejo ético”, es frase que se repite entre muchos circuitos.
Laurence Tribe, el distinguido profesor de leyes de la Universidad de Harvard, escribió en The Guardian que en el momento en que Trump tome el juramento como presidente, y se comprometa a defender la Constitución del país, “estará cometiendo una violación de magnitud constitucional”. Tribe explica que la Constitución explícitamente prohíbe que cualquier persona en el gobierno acepte regalos, favores o titulo de cualquier tipo de un rey, príncipe o un estado extranjero. Esta provisión es para asegurar la lealtad exclusiva de todo oficial federal en todos los niveles a una sola cosa: el mejor interés del país. Por lo tanto, el interés hasta hoy deja al presidente electo en sus negocios, incluyendo el flujo de beneficios, monetarios y otros, de poderes extranjeros viola esta cláusula constitucional.
Si continúa rehusando cesar toda relación con sus negocios, estaría sujeto hasta ser destituido por eso, afirma Tribe. “La inminente sombra constitucional generada por una presidencia Trump representa un riesgo espantoso a nuestra seguridad nacional y es una grave falta al pueblo de Estados Unidos”, concluyó.
Agencias
