Desafío

Rafael Loret de Mola

15/07/15

*Los Males de peña
*Prensa Agraviada
*Juniors no Crecen

El alarmante estado de salud del presidente de la República, obviamente visible para cualquiera que lo observe, aunque sea en fotografía –esto es con un deterioro físico reflejado en su extrema delgadez y la evidencia de su mirada perdida en varias ocasiones-, es motivo para que, en contra de la libertad de información, su expediente médico sea considerado una cuestión relacionada con la seguridad del Estado. ¿Y por qué debiera ser así en lugar de asumir, de cara al mandante –esto es la comunidad nacional-, la verdad? Cuando se miente o se ocultan sobre asuntos públicos delicados –y éste lo es-, generalmente las consecuencias son mayores. De hecho, pero en voz baja, ninguno de los funcionarios o amistades del mandatario se atreve a afirmar lo contrario dando cauce a la confirmación sin comprometerse.
Cuando entrevisté a Manlio Fabio Beltrones, a principios de 2010 –esto es para mi obra, “2012: La Sucesión” todavía editada por Océano, editorial hispana que nos ha inundado de basura literaria de allende el mar, no toda su producción lo es cabe aclarar, porque en su mercado no tienen salida los libros bajo el peso de la crisis-, una de sus mayores preocupaciones recalaba en que se carecía, de hecho, de un sistema adecuado para reemplazar al presidente en los casos de evidente incapacidad. Por supuesto se refería a fox y calderón, el primero tratado con Prozac y el segundo ávido de las botellas como ha seguido demostrándolo hasta en los cruceros por Brasil-, sin imaginar que en el futuro cercano estaríamos ante la disyuntiva real de una ausencia definitiva del Primer Magistrado, pomposo título con características aristocráticas, con el que suele referirse al titular el Ejecutivo federal supeditado, por cierto, al Congreso que puede revocarle el mandato lo que el primero NO puede ejecutar respecto a sendas Cámaras sin violentar la Constitución. Él último que se atrevió fue “El Chacal”, victoriano huerta márquez, y su sitio en la historia nadie osaría disputarle.
El artículo 84 de la Carta Magna establece que si la falta absoluta del presidente se produjera “en los dos rimeros años de periodo respectivo”, el Congreso, si estuviera reunido –esto es durante los periodos ordinarios de sesiones-, se constituiría en “Colegio Elecrtoral” para designar a un presidente interino, siempre que concurrieran al acto las dos terceras partes de los miembros; y tendría el mismo Congreso sólo diez días para emitir la convocatoria para elegir al presidente que deberá concluir el sexenio. En caso de que no estuvieran en sesiones diputados y senadores, la Comisión Permanente señalaría a un presidente provisional para que convocara al Congreso para que, “en elecciones extraordinarias”, expidiera el nombramiento de un interino para cumplir con las funciones descritas para el mismo.
Todo se simplificaría si la ausencia ocurriese durante los cuatro años restantes. Entonces, el Congreso avalaría a un presidente substituto para concluir el periodo; o bien, la Comisión Permanente procedería a nombrar a un mandatario provisional en tanto se reuniera el Congreso para elegir al substituto. Un mecanismo con enormes vericuetos considerando la pluralidad con la que se han integrado sendas Cámaras y la posibilidad de amarres soterrados, las que he llamado alianzas turbias, por parte de oposiciones sin más ideologías que la conquista del poder.
Quizá a esto se refería Beltrones, entonces senador y actualmente diputado coordinador de la bancada priísta –en la Cámara Alta cumple esta función el execrable emilio gamboa, superviviente de la época peor de la autocracia que dio cauce a las mafias para salvarse-, cuando alegaba que se carecía de método para proceder en la materia aun cuando estuvieran claras las reglas para la operatividad del Ejecutivo. Y tal se determinó por la amarga experiencia de 1913 cuando, de acuerdo a la anterior Cata Magna, el Canciller asumía la Presidencia, lo que dio lugar a la parodia infamante de Pedro Lascuraín quien fue presidente cuarenta y cinco minutos sólo para designar a huerta como secretario de Relaciones Exteriores y dimitir a favor de éste. Un estigma que aún duele, y mucho, a los mexicanos con memoria y a los mandos castrenses con dignidad.
El conflicto reside, claro, en que los legisladores en funciones suelen poner todo tipo de trabas para dar cace a las iniciativas unilaterales del Ejecutivo y a cuanto devenga de los grupos parlamentarios adversarios. El absurdo es tan grande que los antagonistas en las Cámaras suelen sonreírse y apostar por candidatos comunes en las entidades federales para formar una fuerza superior a la del PRI y asfixiarlo, sólo a éste, como si fuera el mal mayor. A quienes hemos atestiguado las deplorables administraciones del PAN y las veleidosas decisiones del gobierno de la ciudad de México, perredista desde 1997, no nos queda otro remedio que dudar.
Esto es, la presunción de los constitucionalistas de Querétaro en el sentido para darle celeridad al procedimiento, dadas las condiciones actuales, no se haría efectiva en los hechos por cuanto a los debates, discusiones, chantajes soterrados e intereses tales como condicionar los avales a la repartición ominosa de cargos públicos en el futuro gabinete. Las discusiones serían acérrimas, largas, laberínticas con argumentos sacados de quien sabe dónde para alargar el proceso y, por ende, el vacío de poder.
Es evidente, por los precedentes, que las negociaciones serían agobiantes y la ausencia de un presidente en ejercicio pondría a la nación en jaque, debilitada ante quienes apuestan por una injerencia directa en nuestros asuntos soberanos. Por desgracia, ¿hace cuánto tiempo que diputados y senadores dejaron de pensar en “el bien común” para dar rienda suelta a sus intereses partidistas, esto es de acuerdo a los arreglos cupulares –no copulares, amigos correctores, aunque este término tampoco viene mal dado el comportamiento de algunas parlamentarias-, dejándonos en la indefensión? No podemos creer en una falsa democracia en la cual la sola solicitud de un consenso general, o un plebiscito, acerca de los bienes de la nación, convierta a los poderes de la Unión en valladares insalvables para recoger las directrices de la “soberanía popular”, un término que dicen está caduco por los sabios del presente pero permanece en el texto constitucional. Este es el punto a resolver.
Por otra parte, bien se haría en integrar una comisión parlamentaria, internacional, para investigar, las distintas y sorpresivas dolencias de buena parte de los jefes de Estado al sur del Bravo e incluso las de algunos de los líderes más incómodos para los operadores de la Casa Blanca, siempre listos a hincar el diente cuando se produce una crisis en una de sus naciones satélites. Es así como aseguran su preeminencia aun cuando sean evidentes sus verdaderas intenciones. Por lo demás, Barack Obama, el perentorio huésped de la residencia de la Avenida Pensilvania, es catalogado ya, por el setenta por ciento de los estadounidenses encuestados, como el peor presidente de los últimos años… digamos a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, esto es comenzando con Harry S. Truman quien ordenó detonar sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en septiembre de 1945.

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