Rafael Loret de Mola
10/01/17
*Asesinos Sueltos
*Cosecha Inminente
*Nepotismo Gradual
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La impunidad es tan grotesca en México que aún los peores criminales, provenientes de los más oscuros pasillos del poder, no son siquiera perseguidos ni molestados por los órganos encargados de hacer justicia y, en algunos casos, reciben la protección infalible de la suprema voluntad política que los acoge, con la vocal inicial señores correctores, casi con paternal cuidado del establishment; y no existen diferencias en cuanto a partidos y siglas: el sistema los necesita a todos.
No puede entenderse que un sujeto, entre priísta formado y perredista de conveniencia, ángel aguirre rivero, uno de los feudales de Guerrero al lado del execrable rubencito figueroa alcocer, igualmente defenestrado como consecuencia de otra matanza, la de Aguas Blancas en donde genízaros policíacos acribillaron a dos decenas de campesinos desarmados, permanezca libre con todas las señales de la masacre de Iguala señalando hacia él, por obra y gracia de la protección y los arreglos del presidente de la República, el señor peña quien hace tiempo perdió, además de su pobre autoridad moral, toda legitimidad política.
La semana anterior, el estado de Morelos fue el objetivo principal o el escándalo de mayor relieve por el quehacer de sus mandatarios. Primero, la alcaldesa de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, un día después de su asunción y luego de un pobre paso por el Legislativo, fue brutalmente acribillada y muerta. Todo indica que fue víctima de personal de seguridad en aparente retiro pero reutilizada para las tareas sucias; una credencial de un agente ministerial “despedido” descubierta en el automóvil de los homicidas es el hilo conductor de las pesquisas. Y, por ello, claro, el gobernador, Graco Ramírez Abreu, necesitaba desviar la atención y lo hizo a medias.
Su estrategia fue señalar al futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, tal es su apellido y no una expresión de júbilo por cada uno de sus goles o la “cuauhtemiña” una burla con el balón en los pies, como enclave de los radicales “Guerreros Unidos”, una antigua fracción de Nueva Generación, junto con Federico Figueroa, hermano del extinto cantante Joan Sebastián. La acusación es gravísima y el mandatario morelense debía saber que un funcionario, cualquiera que sea su nivel, tiene la obligación por ordenamiento constitucional, denunciar todo delito del que tenga conocimiento con la advertencia de que, de no hacerlo, deberá ser inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, mucho más el gobierno de la entidad.
Por desgracia, en nuestro país todo se queda en anécdota y no sale de esta condición; por ello, no sólo crece la impunidad sino, sobre todo, el espacio para las corruptelas mayores por la vía de los arreglos soterrados, debajo del agua y, por ende, de espaldas a una ciudadanía mil veces engañada y saqueada. Para colmo, ninguna sociedad asimila las afrentas con mayor velocidad que la nuestra y eso, claro, prodiga las acciones punibles del sector público. En Morelos, el estado de Derecho ha quedado hecho trizas por esta causa, sin legitimidad alguna del gobernador y con el alcalde de Cuernavaca, el de la cuauthemiña política, en la espesura de la sospecha más atroz. ¿Sería capaz de salir bien librado ante tribunales de los muy serios señalamientos en su contra?
Por otra parte, ante el desencuentro entre gobernador y alcalde, el segundo se querelló contra el primero al hacerle sujeto de una acusación pública por haber estructurad el mando único de los cuerpos del “orden”. Una falacia insostenible porque, de acuerdo ala costumbre, los gobernadores tienen mando sobre los cuerpos policíacos en donde radican los poderes estatales. Pese a ello, no puede negarse de modo alguno que tal es una violación flagrante de los principios de soberanía estatal y autonomía municipal como derivación de la cultura presidencialista acaparadora de funciones. Lo mismo que en el fuero federal sucede con los mandatarios estatales y sus respectivos privilegios.
Desde luego, la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad obliga a unificar los mandos; pero ello, bajo la emergencia actual, posibilita que los jefes designados sean infiltrados por las mafias y, con ello, todo el sistema integral cuando la fe se ha perdido y los vínculos inconfesables norman las interrelaciones y las complicidades entre los altos miembros de la clase política en el poder. Esto es: con la pretendida unidad, le basta a los “capos” con cooptar a las cabezas para mantener su hegemonía territorial… en Morelos y en cada una de las treinta y una entidades de la República ultrajada.
Por ello no es posible avanzar en cuanto a la defensa integral de la ciudadanía; porque, primero, están los intereses non santos de la mayor parte de quienes integran la cúpula castrense y policíaca en los distintos niveles conocidos. No es especulación alguna sino un espejo de la barbarie política sustantiva en un país con escasa información veraz y un mundo de especulaciones tendientes a descalificar a la crítica para convertirla en rumores lesivos para el colectivo cuando es, por supuesto, todo lo contrario. Contra esto también debe lucharse con toda la fuerza posible, la del raciocinio y la de la protesta cívica aunque algunos se incomoden por la reiteración de la misma sin percatarse que es indispensable salvar a México del abismo a donde lo han arrojado los malos gobernantes y sus testaferros.
Tampoco es explicable que se sostengan en sus cargos los gobernadores de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, el embaucador mayor; de Puebla, Rafael Moreno Valle, asesino intelectual del pequeño tzotzil José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de apenas trece años, a causa de la implementación de la “ley bala”; el campechano, Alejandro Moreno Cárdenas, vividor de la política, o Alejandrito Murat Hinojosa, el junior efebo. Basta ya de tanta inmundicia en el suelo que pisa peña nieto para hollarlo.
Con violencia se fue 2015 y con violencia llegó 2016. Y así esperamos el 2017. El drama no es la cronología, hasta los sabios mayas se equivocaron, sino la estulticia que surge de la impunidad y de los acuerdos entre las mafias dominantes incluyendo la de Los Pinos y sucedáneas, es decir de cuantas se conforman en las entidades federales para degradar la función pública a costa de someter, amenazar, atemorizar y reprimir al colectivo silente…todavía ahora; pero las voces calladas comienzan a gritar y no será factible ya detenerlas. Es la hora de un nuevo año y de un clamor más elevado por la justicia.
Y, para comenzar, Graco Ramírez Abreu no puede salvarse con los dos pies metidos en el inframundo de un sistema profunda y colosalmente corroído. O no debiéramos permitirlo aun cuando la voz popular. Y, por ello, claro, el inmundo espectáculo de la impunidad corre de un lado a otro de la geografía nacional. Saltemos ahora hasta Chiapas.
El 7 de junio de 2011, la procuraduría del Estado de Chiapas ejerció acción penal contra el rapaz pablo salazar mendiguchía. Lo detuvieron en Cancún y lo depositaron en el penal de “El Amate”, cercano a Tuxtla Gutiérrez, acusado de prevaricación por la disposición de los fondos destinados a los damnificados de la tormenta Stan a quienes dejó con las manos vacías, y por otros delitos de alta envergadura como especulado y la asociación delictuosa. Y allí estuvo hasta que, a finales de 2012, el entonces gobernador, Juan Sabines Guerrero, le otorgó una suerte de indulto, “sin cargos”, bajo presiones de quien asumiría la presidencia de la República: el farsante enrique peña nieto.