H.MATAMOROS, TAMPS., 10 de Enero de 2025
19/11/16.-Los 12 elementos de la Policía Ministerial que fueron comisionados como escoltas de los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, así como Ismael Quintanilla Acosta, exprocurador General de Justicia del estado, podrían ser imputados por el delito de encubrimiento, afirmó Irving Barrios Mojica.
El actual procurador general de Justicia en la entidad señaló que si se acredita jurídicamente que los elementos policiacos que fungían como guardias tenían conocimiento de las órdenes de aprehensión contra los exmandatarios, éstos habrían cometido el delito de encubrimiento, al igual que las autoridades que ordenaron su designación.
El artículo 439 del Código Penal de Tamaulipas establece que comete el delito de encubrimiento aquella persona que no procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance, impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, si se persiguen de oficio.
Entre otras condiciones, señala que comete encubrimiento quien no auxilie a las autoridades en la investigación de delitos.
Al respecto, Barrios Mojica explicó que, a raíz de la instrucción girada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al inicio de su administración —en octubre pasado—, de concentrar a todo el personal policial y reasignarlo, se conoció el caso de los agentes comisionados.
Hace unos días salió a la luz el caso de la protección personal que reciban Yarrington Ruvalcaba y Hernández Flores por parte de agentes de la Policía Ministerial de Tamaulipas, al menos 12 elementos; ocho y cuatro agentes, respectivamente.
Esta situación provocó que la Procuraduría estatal realice una investigación en los archivos de la institución para poder determinar desde cuándo se otorgaba la seguridad a los exmandatarios y si los agentes comisionados cometieron algún delito.
El actual responsable de la procuración de justicia en Tamaulipas dijo desconocer, hasta el momento, la existencia de órdenes de aprehensión por parte de autoridades a nivel federal o norteamericanas.
ANTECEDENTE
En agosto de 2012, un juez federal libró una orden de aprehensión contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, acusado por delitos contra la salud en la modalidad de fomento.
La entonces procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, destacó la existencia de un acuerdo de intercambio de información con diversas instituciones tanto de México como de Estados Unidos para dar con el exmandatario.
En diciembre de 2013, Yarrington Ruvalcaba fue encausado en Texas, por crimen organizado.
En tanto, Eugenio Hernández Flores, también exgobernador de Tamaulipas, se encuentra prófugo de la justicia, acusado de lavado de dinero.
El exmandatario y su cuñado, Óscar Gómez Guerra, son requeridos por la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, por presuntamente operar un sistema de lavado de dinero en Texas.
HAY RECURSOS PARA QUE NO DECLAREN: EXPERTO
Los policías que fueron comisionados como escoltas del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, aunque deberían hacerlo, podrían salvarse de declarar ante las autoridades sobre el paradero del exmandatario, pues podrían alegar la figura del secreto profesional para evitar esto, o bien algún otro excluyente, pero deben justificarla.
De acuerdo con especialistas, si bien se les debe presumir como inocentes, si los escoltas anuncian algún tipo de relación con Yarrington para evitar hacer declaraciones sobre su ubicación, deben acreditarla ante las autoridades de procuración de justicia.
Tendrían que auxiliar a la autoridad en la detención y aprehensión de un prófugo de la justicia; sin embargo, hay exclusiones que se dan cuando uno tiene relación de amistad, de respeto, cariño o parentesco con la persona a la que se encubre o favorece”, explicó a Excélsior el abogado Pablo Gómez Mont.
Indicó que si los escoltas justifican que existe una relación profesional, esto puede entrar bajo el amparo del secreto profesional, aunque para ello es necesario conocer el tipo de vínculo que existía entre Tomás Yarrington y los encargados de su seguridad.
El exgobernador Tomás Yarrington tenía a ocho policías asignados como escoltas, quienes, finalmente se convirtieron funcionarios públicos al servicio de un prófugo de la justicia.
Agencias
