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Acreditados pueden promover un juicio para pagar lo justo


29/06/2016 – Más del 20 por ciento de los trámites realizados en el Instituto Registral y Catastral del Estado en esta ciudad corresponden a liberación de escrituras sobre compra-ventas con crédito Infonavit, sin embargo podría ser el doble de trámites de ese tipo si el Infonavit fijara de manera definitiva una forma de pagos en pesos que beneficiara a los deudores para que solamente pagaran el valor de la vivienda y no las devaluaciones de la moneda.

José Luis González Benavides, director del Instituto Registral y Catastral, indicó que son los legisladores federales quienes tienen parte de la responsabilidad y se tienen que enfocar a la tarea de fijar un precio en pesos a esas casas, para que las deudas no se multipliquen con las devaluaciones.

Por ello urgió a los diputados tamaulipecos como Yaleel Abdalá y Pedro Luis Coronado, a establecer iniciativas para obligar al Infonavit a contratar los créditos en pesos y no en salarios mínimos u otros mecanismos que tienden a pulverizar la capacidad de pago de los deudores.
Indicó que de acuerdo a la ley, se le puede obligar a instituciones como el Infonavit, el ISSSTE o el Itavu a fijar el precio de las propiedades exclusivamente en pesos y con las tasas de interés más bajas, para que al paso de los años la gente pueda terminar de pagar.

Condiciones

Añadió que todas las personas que contrataron un crédito Infonavit hace décadas y que se les refinanció con el cambio de Udis a pesos o a salarios, esas personas pueden revertir las condiciones de pago a las que han estado sujetas y que se les haga válida la cantidad de años en los que han pagado.
“La gente puede promover un juicio para que un juez le exija al Infonavit que determine lo que ha cobrado mediante los diferentes sistemas y se les descuente del adeudo al acreditado, porque conocemos muchas personas que ya han pagado dos o tres veces el valor de la vivienda ¡Y siguen debiendo!”, asentó.

En ese orden comentó que las personas pueden demandar por la vía civil pero también tienen la opción del amparo contra el desalojo, utilizando como argumento que el Infonavit no ha actuado como facilitador de vivienda sino que mantiene atados a los acreditados a pagar por tres décadas una parte del salario sujetándolos mediante tres sistemas de cobro: Udis, Salarios Mínimos y Pesos.
Por su parte Julio Ávila Coronado estableció que los acreditados deben de promover toda clase de recursos legales para afianzarse a su vivienda y para que el Infonavit deje de recurrir a medidas extremas como lo que permitió al municipio, el cual se adjudicó por deuda catastral cientos de viviendas con crédito Infonavit, lo cual podría haber estado fuera del contexto legal debido a que ahí había un saldo pagado por cada vivienda y se le debería devolver a los acreditados.

Enrique Chávez 

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