Cárceles familiares de ICE como albergues para menores

15/02/2016 – Dallas .- Dos polémicos centros familiares de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que operan en San Antonio, Texas, recibieron licencias para funcionar como albergues de menores. Los permisos le permiten a la agencia esquivar una orden judicial dictada el año pasado que obligaba al gobierno a liberar a los detenidos en cumplimiento de un acuerdo judicial alcanzado hace 18 años.
Los centros Karnes City y Dilley fueron habilitados en 2014 para recibir a niños y mujeres migrantes originarios de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) que llegaron indocumentados a Estados Unidos en busca de asilo. Los inmigrantes huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza.

El fallo judicial
En agosto del 2015 la jueza Dolly Gee, que preside la Corte del centro de California, dictaminó que las autoridades federales de inmigración violan el acuerdo Flores versus Meese, alcanzado en 1977, que prohíbe la detención de menores de edad en centros restrictivos.
Gee también fijó como plazo hasta el 23 de octubre para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) cumpla la orden. Pero el DHS apeló el dictamen alegando que la liberación de los menores y sus ,adres enviaría un mensaje equivocado a Centroamérica, situación que podría activar una nueva crisis migratoria en la frontera.
Durante el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre del 2015) la Patrulla Fronteriza detuvo a 68,541 niños migrantes en la frontera entre Texas y México cuando intentaban ingresar al país sin autorización. En el 2015 la cifra bajó en un 42%, pero los 20,164 arrestos llevados a cabo en los primeros cuatro meses del año fiscal 2016 (del 1 de octubre de 2015 al 31 de enero de este año) inquietan a la Casa Blanca.

La respuesta del DHS
Poco después del fallo de la jueza Gee, el DHS respondió a Univision Noticias que estaba en “desacuerdo” con la conclusión final de la corte, y reiteró que las instalaciones cuestionadas eran “compatibles con el mandato otorgado por el Congreso”.
Agregó que los centros familiares “siguen actuando en consonancia con estas órdenes” y que seguiría “examinando los reclamos de los familiares de los detenidos”.
El jueves, el Secretario del DHS, Jeh Johnson, defendió la política del gobierno para tratar la oleada de migrantes. Dijo que las autoridades de inmigración a su cargo priorizan la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales y aquellos que ingresaron después del 1 de enero de 2014, por considerarlos un riesgo a la seguridad pública.

Agencias

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