Cena de Negros

Populismo…

28/11/2018 – En tres días más se va Enrique Peña Nieto, el presidente más odiado de todos los tiempos en México, el que mayor desconfianza ha provocado a los mexicanos al grado de que apenas dos de cada 10 consideran que hizo algo bueno o más o menos bueno a favor del país.
Con todo y los odios que generó su gobierno hay que reconocer que hizo una cosa bien, la reforma educativa, el texto de la nueva Ley General de Educación y sus reglamentos secundarios, el empezar a evaluar al magisterio con la intención de mejorarlo, de sacar a este país de los últimos lugares, a nivel mundial, que ocupa en aprovechamiento.
Los números fueron catastróficos en las primeras evaluaciones, apenas 10 de cada mil maestros evaluados obtuvieron calificaciones destacadas y contrario a ello el 70 por ciento mostró graves deficiencias, mire que coincidencia, en las evaluaciones a los niños con estándares internacionales apenas el uno por ciento presenta resultados destacados y el 70 u 80 por ciento con deficiencias graves en comprensión de lectura y matemáticas.
Es obvio que la evaluación no era lo mejor de dicha reforma sino la oportunidad de evaluarse hasta en dos o tres ocasiones a quien no resultara idóneo y, sobre todo, la propuesta de mejorar los salarios de quienes obtuvieran calificaciones más altas.
Igual sucedió que la forma de evaluar no fue la idónea, que no se le construyeron trajes a la medida de los maestros tomando en cuenta su entorno, sus condiciones, además de hacerles preguntas tan estúpidas como el intentar que escribieran tal como está un artículo de dicha ley, por dar ejemplos.
También es real que antes de evaluar hay prioridades como el atender escuelas y a los niños para que a la hora de evaluar al maestro de acuerdo al aprovechamiento de sus alumnos estos hayan tenido las mismas oportunidades de superación que el resto, y se podrían buscar mil cosas más que mejorar porque existen pero, le insisto, en lo general es buena la propuesta.
Más cierto de todo es que a los maestros se les ha engañado en forma constante sobre dicha reforma, que han ido a evaluaciones con la mejor actitud y no se les ha incrementado su sueldo por su buena participación como también se ha dado el caso que la disponibilidad de plazas que se concursan no ha sido inmediata ni nada parecido.
Pero le digo, con todos los defectos de la nueva ley, o mejor dicho, la forma como intentó este gobierno de Enrique Peña Nieto aplicarla, no cabe duda que fue la única acción buena de esta administración, la razón es simple, solo lo que se evalúa se puede mejorar y también es justo que los mejores maestros ganen más, bueno, todos los maestros deberían ganar más por lo que tienen en sus manos y lo que se espera de ellos pero me refiero a un premio a la calidad o algo parecido.
El preámbulo viene a colación porque el presidente electo ya prometió a los maestros que no habrá evaluaciones a partir de su gobierno lo que sin duda es un retroceso que afectará, sin duda, a los niños, es decir, es un atentado contra el futuro de esta gran nación.
Creo que sí es perfectible la reforma, que se deben mejorar muchos aspectos sobre todo los que tienen que ver con la forma y los instrumentos de evaluación pero algo es ineludible en este país, el conocer la calidad de los maestros para que los niños mejoren en esa misma proporción y sin evaluarlos jamás sabremos en que estamos parados.
Quitar la evaluación es populismo, la mejor forma del futuro presidente de echarse a la bolsa a los maestros que no quieren mejorar o les resulta estresante evaluarse, de eso no hay duda.
Por tanto, creo que la evaluación de los maestros debe ser otro tema a consulta, si se desea eliminar pues preguntarle a los expertos como se puede sustituir ese proceso, mejor aún, cómo le puede ser útil a la nación.
Para cerrar, es obvio que el futuro gobierno merece el beneficio de la duda, que la administración todavía no empieza como para calificarla y además también hay puntos que dan certidumbre como el que no habrá más impuestos, ni expropiaciones, para algunos también es positivo que se elimina el fuero, pero también se antoja necesario saber que nos espera a los ciudadanos, más que eso, que les depara el futuro a nuestros hijos o en que se pueden beneficiar con sus proyectos en materia educativa que hasta hoy, con todo lo populistas que se ven, solo benefician a un sector, a los maestros y solo a los flojos o a los que no quieren mejorar sus sueldos ni su desempeño.
En otras cosas… El Patronato Universitario aprobó los estados financieros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) que fueron presentados ante este órgano colegiado por la administración del rector José Andrés Suárez Fernández en lo que corresponde al tercer trimestre del presente año.
Lo anterior se llevó a cabo durante la centésima sexta reunión de este cuerpo colegiado que tiene dentro de sus funciones vigilar y acrecentar el patrimonio de la máxima casa de estudios del Estado, en base al Estatuto Orgánico de la UAT.
En la sesión celebrada en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el rector Suárez Fernández presentó además un informe de las acciones impulsadas en el Plan de Desarrollo Institucional de la UAT.
En este sentido se expresó el representante del patronato de la UAT por Matamoros, Arturo Garza Uribe, al señalar que ha sido una administración muy activa y en contacto con los universitarios, destacándose como una de las universidades mejor administradas del país.
De la misma manera, el representante por Ciudad Victoria, Carlos Díez Gutiérrez Coleman afirmó que el Patronato Universitario ha seguido con mucha satisfacción los avances de la presente administración y resaltó el trabajo en equipo del rector con los directores de las facultades y titulares de las secretarías, para hacer más grande a la UAT.
Cabe destacar que en la reunión del patronato, tuvieron intervención el titular del Órgano Interno de Control, Sergio Leopoldo Bello Cano y el auditor externo, Juan Rodríguez Flores; con la presencia también del secretario general de la UAT, Eduardo Arvizu Sánchez, el secretario de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos y el abogado general de la universidad, Mario Martínez Velázquez.